Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase

En abril de 2024, dos meses antes de que Gotzone Sagardui dejara el cargo al frente de Salud, se celebró el pleno del Consejo Interterritorial en el que se aprobó la liquidación del fondo de compensación para el periodo 2012 a 2022. El importe total ascendía a 312 millones de euros. Euskadi, con un 5% de la población española, lideraba el listado de comunidades deudoras. Le salía a pagar 169 millones. Le seguía Madrid, con 59. Aquel punto salió adelante con los votos a favor de todas las comunidades presentes –Euskadi incluida–, salvo los de Aragón, que se opuso, y la abstención de Extremadura.

El procedimiento que regula este fondo de compensación es complejo. Las comunidades suben una vez al mes a una aplicación llamada SIFOS los datos de pacientes desplazados a los que han atendido.Esta información es analizada y validada internamente por cada región. Una vez dado este paso la aplicación cruza de forma automática los datos de todas las autonomías. Así se establece cuáles tienen un saldo negativo y deben pagar por la asistencia de sus residentes en otras regiones y cuáles deben ser compensadas por estas prestaciones.

Según indica el Ministerio, durante todos los años que lleva operativo ese fondo «el País Vasco ha validado todos los registros de pacientes objeto de liquidación y, cuando ha presentado alguna alegación durante el procedimiento, estas han sido mayoritariamente aceptadas». Hasta ahora.

El Departamento de Salud notificó el lunes que, mientras no se revise este sistema, frenaría el pago de los 51 millones de euros que le toca pagar en la próxima liquidación del fondo de compensación (la correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024). La consejería, liderada ahora por Alberto Martínez, considera que existen errores en el cálculo de los importes y así se lo ha trasladado al Ministerio. La última vez este lunes en un encuentro mantenido en Madrid entre el viceconsejero de Sostenibilidad Sanitaria y el secretario de Estado de Sanidad.

Tras aquella reunión el Departamento de Salud comunicó que el Ministerio había reconocido la existencia de una «anomalía» en el método de cálculo «por el que Euskadi asume una parte desproporcionada» de este fondo, «que ninguna de las dos instituciones, Sanidad y Gobierno vasco, alcanzamos a entender». Salud dijo también que Madrid había aceptado «revisar» el sistema.

Aquel anunció molestó a la Administración central, que salió horas después a corregir lo dicho por el Departamento vasco de Salud. El Ministerio insiste en que el sistema de compensación funciona de forma correcta y que es Euskadi quien ha cometido errores a la hora de liquidar las atenciones sanitarias prestadas a pacientes de otras comunidades. Dice Sanidad estar «abierta» a ayudar a Euskadi «analizar sus liquidaciones para ver dónde lo podría hacer mejor». Incluso se ofrece para que «las comunidades que realizan bien su liquidación puedan compartir con el País Vasco de qué manera la hacen».

Ahora Sanidad sugiere también que, si Osakidetza quiere mejorar su saldo, analice cuántos vascos han trasladado su residencia a otras comunidades y no han comunicado ni formalizado ese cambio, por lo que los lugares en los que ahora viven facturan sus gastos sanitarios a Euskadi.