Las quejas por el funcionamiento de Osakidetza se triplican desde 2020

Según el Defensor del Pueblo, la pandemia «no ha hecho más que agravar» la situación de Osakidetza, que ya emitía señales de alarma previas por un «problema subyacente»: «la escasa planificación de las necesidades futuras de plantilla». Se refiere Manuel Lezertua a que el progresivo envejecimiento de la población está coincidiendo en el tiempo con una acuciante falta de personal, especialmente en las áreas de Medicina Familiar y Pediatría.

Lo que ocurre es que al impacto que ha provocado la pandemia en la plantilla de Osakidetza, incrementando las bajas y sobrecargando al resto de profesionales, se unen los problemas de relevo. La generación del 'baby boom' empezó hace unos años a jubilarse, y las incorporaciones no son suficientes para ocupar todas las vacantes. El Servicio de Salud ha tenido que ofrecer incentivos para retrasar algunas retiradas.

El Ararteko reveló que su equipo ha mantenido durante las últimas semanas una reunión con la consejera de Salud para «analizar» la situación. Aunque aseguró que el departamento que lidera Gotzone Sagardui «es muy consciente de la situación y reconoce los problemas y está buscando soluciones» -como la necesidad de potenciar la atención presencial una vez aparcada la crisis sanitaria-, el Ararteko no descartó la posibilidad de emitir a lo largo de los próximos meses una «recomendación general» sobre el funcionamiento de Osakidetza con la intención de dar «pistas» sobre las áreas que deben mejorarse.

Con todo, las reclamaciones sobre Osakidetza son la segunda causa de queja en las oficinas del Defensor del Pueblo. Supusieron el 12% de las 7.504 protestas registradas a lo largo del año pasado. La inclusión social ocupa una vez más el primer puesto del ranking, con el 18% de las consultas. El tercer lugar lo ocupan las dudas generadas por el régimen jurídico que avala el funcionamiento de las administraciones (8,8%). Inmediatamente después se sitúan las relativas a vivienda y educación (un 7,5% cada una). Más de la mitad de las quejas fueron contra el Gobierno vasco, el 30% contra los ayuntamientos y un 10% contra las diputaciones.