Osakidetza tendrá listo este mes su registro de médicos objetores al aborto

El Departamento lleva trabajando en el desarroll de este servicio desde enero y se espera que esté operativo este mismo mes de julio. Estará dirigido a los perfiles profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Estos son especialistas médicos en ginecología y obstetricia, así como en anestesia y reanimación, además de tituladas en enfermería y matronas. No se admite la inscripción a ningún otro tipo de perfil profesional.

La creación de un registro de objetores de conciencia en los hospitales públicos es un requisito que figura en la ley del aborto, modificada en 2023. Su finalidad es asegurar que todas las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en centros del Sistema Nacional de Salud pueda hacerlo.

El Gobierno vasco defiende que en Euskadi se cumple la ley y que esta asistencia está garantizada. Aunque en la mayoría de los casos no se da en hospitales de Osakidetza. El Servicio de Salud los deriva a clínicas concertadas autorizadas y asume los gastos de estos procesos, algo que desde el Departamento subrayan que está contemplado también en la ley.

¿Pero cómo es el modelo vasco de IVE? Para interrumpir su embarazo una mujer debe acudir a su centro de salud, pedir cita con su matrona y allí le entregan las instrucciones necesarias para dirigirse a un centro sanitario privado con el que ya existe un acuerdo para que lleve a cabo la interrupción de su gestación. El 94% de los abortos llevados a cabo en Euskadi el último año se realizaron en las 7 clínicas con las que tiene convenios Salud y fueron costeados con fondos públicos.

Osakidetza solo realiza en sus hospitales interrupciones del embarazo por cuestiones sanitarias. Estas son cuando el embarazo supone un grave riesgo para la salud de la madre o bien el feto presenta anomalías graves o incompatibles con la vida. Estos casos representan entre un 5 y un 6% de las IVE que se practican al año en Euskadi.

El aborto ha vuelto a la actualidad después de que el Ministerio de Sanidad enviase en la tarde del jueves una carta a las consejerías de sanidad de las comunidades para exigirles que cumplan la ley, con el fin de garantizar un «acceso equitativo y efectivo» de las mujeres a este derecho. El Ministerio añade que se apoyará en la Alta Inspección para requerir información a las autonomías sobre esta cuestión y que, en los casos en los que detecte que no se cumple la normativa estatal, se podrían derivar acciones legales. En el Gobierno vasco reiteran que Euskadi cumple con la ley y que la asistencia a las mujeres que solicitan esta prestación está asegurada.

Los últimos datos publicados por Osakidetza son de 2023 y recogen que aquel año 4.225 féminas interrumpieron su embarazo en el País Vasco, la cifra más alta desde que hay registros. Además 65 chicas de otras comunidades se desplazaron a Bizkaia, Gipuzkoa o Álava para abortar. Esto es precisamente lo que busca evitar la ley estatal, que las mujeres en esta situación tengan que marcharse a otras regiones cuando optan por interrumpir su gestación, porque la sanidad pública de su comunidad no le garantiza este derecho.

El perfil mayoritario de la mujer que aborta voluntariamente en Euskadi es el de una chica de 29 años, que vive con su pareja o sus padres, tiene trabajo y a nivel académico ha completado el Bachillerato o cuenta con estudios universitarios. La mitad de las féminas que el pasado año pusieron fin a un embarazo no deseado tenían ya uno o más hijos. Además una de cada tres vascas que aborta ya habían ejercido este derecho con anterioridad y el 69% no utilizaron anticonceptivos para evitar quedarse encintas.