Un médico investigado declara que Osakidetza autorizó romper el anonimato de los opositores

ESK anunció ayer, a través de su representante Patxi Nicolau, que van a solicitar las actas que recogen la actuación y reuniones de aquel tribunal, así como los exámenes de esta especialidad «para confirmar que la nueva irregularidad declarada por Elexpuru fue como la ha contado y está recogida en esas actas». ESK logró que se imputase a estos dos últimos médicos después de que la jueza aceptase su solicitud de ampliar la investigación a dos categorías más –son ya 13–, tras presentar indicios que hacían sospechar que facilitaron las preguntas a unos aspirantes concretos.

En el caso de Neurocirugía las notas de aquellos exámenes teóricos –representaban el 65% de la nota final– ofrecieron resultados insólitos. «De 23 personas que se presentaron, 18 obtuvieron una media de 47,5 puntos, mientras que los otros 5 lograron una de 91,6», indicaron desde ESK cuando pidieron ampliar la denuncia. En esa OPE se asignaban 4 plazas: dos en Basurto, una en el HUA y otra en el Hospital Donostia. Tres de las cinco mejores notas eran de médicos de Basurto que comparten servicio con Elexpuru. Una cuarta es de una profesional que trabaja en Vitoria, pero que realizó la residencia en el hospital bilbaíno. La quinta es de un facultativo donostiarra. En Neurofisiología los mejores exámenes también fueron de compañeros del mismo servicio que la doctora que redactó el examen.

De la declaración de ayer ante la jueza también trascendió que el jefe de servicio de Neurocirugía imputado dijo que nunca había oído rumores sobre la filtración de pruebas en las OPE. Sin embargo, la responsable de Neurofisiología sí admitió que existían. El abogado de ambos, Jesús Urraza, insistió en que a ninguno de sus defendidos «se les ha imputado ningún hecho delictivo concreto» en la presunta OPE fraudulenta. Y no escondió su sorpresa porque hayan sido imputados por un supuesto delito de revelación de secretos.

LAB pidió ayer a su vez que se impute al exconsejero Jon Darpón y a parte de la cúpula de Osakidetza durante su mandato por un presunto delito de asociación ilícita. Los considera «responsables de dirigir la OPE, idear, diseñar y poner en práctica una estrategia eficaz para garantizar la existencia y mantenimiento de una red clientelar» para la asignación de plazas de médico en propiedad a unos facultativos concretos. Este sistema, destacó ayer Jesús Oñate, «es una agresión a toda la plantilla». «Está alejado de los principios de igualdad, capacidad y mérito para acceder a un empleo público. Para lograr plaza en determinadas especialidades debías estar apadrinado. No se premiaba la capacidad de esos profesionales, sino la fidelidad a unos jefes de servicio».

Junto a Darpón, LAB pide la imputación de María Jesús Múgica, exdirectora general de Osakidetza; Juan Carlos Soto, exdirector de Recursos Humanos; Xabier Balerdi, exsubdirector de Recursos Humano; y Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria. Este último es el único que se mantiene en su puesto desde que se destapó el escándalo y se sucedieron las denuncias de opositores y sindicatos. El resto de los altos cargos han dimitido. El sindicato ha solicitado además al juzgado que se practiquen 30 de nuevas diligencias y se cite a más testigos.