La jueza duda que trasladar la cirugía cardiaca de Basurto a Cruces sea «más eficiente»

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Vitoria ha desestimado las alegaciones de Osakidetza y mantiene la suspensión cautelar sobre el proyecto de fusión de la cirugía cardiaca. El Departamento de Salud tenía previsto cerrar este servicio en el hospital de Basurto y que todos sus profesionales se integrasen en el equipo existente en Cruces. La fecha prevista para esta unificación era este mismo jueves 17 de noviembre, pero por el momento esta seguirá en suspenso.

La magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello mantiene bloqueado este proyecto, con los mismos criterios que le llevaron a tomar esta decisión el pasado 4 de noviembre. Aquel día la jueza admitió a trámite la demanda presentada por 34 médicos cardiólogos de Basurto contra el proyecto de fusión de la cirugía cardiaca y explicaba los motivos por los que aceptaba la petición para su suspensión cautelar.

En un auto de doce folios que ha sido comunicado a las partes a primera hora, la magistrada sostiene que la unificación de los dos servicios supondrá el cierre de la unidad del hospital bilbaíno, aumentará el riesgo de muerte para los pacientes que sufran un infarto y exhibe su temor de que con este tipo de procedimientos Osakidetza pretende dirigirse «hacia un modelo mixto de salud privada-pública», donde «aquellos espacios no cubiertos por la sanidad pública por razones económicas los cubra la sanidad privada».

La jueza despliega durante todo el auto un importante dosier de argumentos sanitarios para apuntalar su decisión y rechazar las alegaciones del Gobierno vasco. En primer lugar, defiende la medida cautelar de paralizar el traslado porque «dentro de dos o tres años, cuando haya sentencia firme» no se podrá «reconstruir o volver a poner en funcionamiento» el mismo servicio en Basurto, si el Tribunal Superior así lo determinara, ni «con el nivel de conocimientos y experiencias en este momento acumulados y acreditados». En este sentido, considera que también habría una pérdida de conocimientos para los sanitarios porque con la marcha de este servicio del hospital bilbaíno «se pierde de forma inevitable la retroalimentación de experiencias y prácticas entre cardiología y cirugía cardíaca». Y recuerda que Basurto es un centro universitario, donde los alumnos de medicina se forman. Habla así de «desactualización y pérdida de competencia» sobre cirugía cardíaca y también un descenso de «posibles trabajos de investigación».

Además, cree que la medida anunciada por Osakidetza tendrá efectos prácticos sobre la salud de los bilbaínos. Insiste, como ya hizo en su primer auto, que aumentará «la posibilidad de que se produzcan más fallecimientos de pacientes» que ahora llegan a Basurto y que, de realizarse la unificación, llegarían de urgencia al hospital de la capital para, al cerciorarse los sanitarios de su gravedad, tener que ser trasladados después a Cruces. Alude, en esta línea, a estudios de la Sociedad Española de Cardiología en los que se subraya que hay «una mayor mortalidad» en estos pacientes «cuando ingresan en hospitales que no cuentan con cirugía cardíaca». Algo que, subraya la magistrada, provocará que «se corra el riesgo de perder estas vidas concretas, que no se perderían de seguir existiendo el servicio de Basurto». Al menos el ingrediente de este riesgo no se introduciría«, concluye. Una argumentación que coincide punto por punto con los razonamientos empleados por los sanitarios que han originado la demanda.

Con este pronunciamiento, la jueza se centra en determinar si la decisión tomada por la consejería que dirige Gotzone Sagardui beneficia al «interés general» o los perjudica. Porque, según insiste, «la realidad es que la unificación de cirujanos en Cruces entraña el cierre del servicio de cirugía cardíaca en Basurto, y el traslado de los cirujanos y del equipo auxiliar a Cruces». Y llega a una conclusión que parece más propia de un momento posterior en el procedimiento judicial y no en esta fase inicial: «es mejor conservar lo que ya funciona, y se demuestra eficaz, antes de cambiar a otro sistema de gestión que aún no se sabe si será más eficiente». «La Administración -enfatiza- se puede haber equivocado al tomar su decisión, y ese será el objeto procesal del procedimiento principal». Hay que recordar que en este momento de la vía judicial no se aborda el fondo de la cuestión, sino un trámite como es el de decidir si hay que detener el traslado del servicio precisamente hasta que haya una decisión firme por parte del Tribunal Superior, algo que no llegará hasta dentro de dos o tres años. «El interés general -añade- demanda ante todo que no se pierdan vidas, si existen los medios para evitarlo. La eficiencia, medida en términos económicos, quedaría subordinada a ese objetivo».

Rebate también la jueza el argumento de Osakidetza de que los informes de los expertos avalan unificar servicios porque así dan mejores resultados. Dice la magistrada que esa justificación sirve para los procedimientos «de alta especialización y experiencia» pero que nada se dice de las cirugía de «menor especialización».

Finalmente muestra sus dudas sobre lo que realmente pretende la Administración y desliza una tesis que coincide en lo que 36 de los 38 jefes de área del hospital de Basurto aseguraban el domingo en este periódico a través de una carta abierta: las sospechas de que se puede pretender la privatización de la Sanidad. Cita, en este sentido, que Osakidetza ha reconocido que el mantener muchos servicios pequeños «es un factor importante en el crecimiento de los costes» económicos. Y concluye que el Gobierno vasco «prioriza el menor coste económico». Una postura que, en opinión de la jueza, «debería haber sido decidida» por el Parlamento y no por el Ejecutivo. «En el Parlamento deberían debatir los ciudadanos, a través de sus representantes, si quieren cambiar el modelo de salud pública, que proporciona igual acceso y la misma calidad del servicio para todos los ciudadanos, hacia un modelo mixto de salid privada-pública, o donde aquellos espacios no cubiertos por la sanidad pública por razones económicas los cubra la sanidad privada». Todo un reproche a la gestión del Departamento de Salud.

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