Sanidad rechaza exigir el certificado covid para entrar en bares y restaurantes

La ministra insinuó que ninguna administración en España estaría potestada en la actualidad para usar el certificado como criba en los locales de ocio, pese a que esta medida ya se está aplicando en algunos países europeos y en comunidades como Canarias y Galicia, que piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia. También Andalucía y Aragón ven con buenos ojos esta iniciativa, aunque todavía no han dado el paso de aplicarla, y Castilla-La Mancha no lo descarta si hubiera un acuerdo nacional. Euskadi, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, en cambio, están en contra al menos hasta que se despejen las dudas legales.

Darias, que evitó tachar de ilegal la actuación de Canarias y Galicia, tuvo que recordar este miércoles que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez es contraria a utilizar el certificado para la hostelería. Su propia compañera de Gabinete Reyes Maroto había alimentado la polémica poco antes de que se reuniera la Interterritorial de Salud, al dar a entender que Sanidad estaba abierta a estudiar dicha exigencia siempre que el certificado consiguiera «unas garantías jurídicas para darle uso en otros ámbitos para los que no ha sido validado», señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Lo cierto es que los servicios jurídicos del Estado han planteado siempre serias dudas sobre la utilización del pasaporte covid para limitar derechos fundamentales. En primer lugar, advirtieron de que podría ser inconstitucional usar este certificado como criba mientras el 100% de la población no haya tenido opción a ser vacunada, al suponer una clara discriminación para los que todavía no han podido inmunizarse. En segundo lugar, apuntaron a la posible ilegalidad de establecer una «pena de facto» a una conducta (negarse a ser inoculado) que no está penalizada en la legislación actual.

En la Abogacía del Estado recuerdan que el pasado viernes el Tribunal Constitucional ya cerró casi definitivamente la puerta a que las administraciones puedan imponer la vacunación forzosa, incluso en pandemia, al menos con la actual legislación. El pleno de la corte acordó por unanimidad mantener la suspensión de la nueva Ley de Salud de Galicia, que es el que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación. Entienden los magistrados que no hay paraguas legal que ampare una inyección forzosa que «supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano». Y si no hay cobertura legal, tampoco puede haber sanción o discriminación, arguyen los servicios jurídicos del Estado.

La mayoría de los juristas consultados por Moncloa y por Sanidad cuando en primavera se trabajaba en la implantación del certificado coincidieron en que su uso para impedir la entrada a comercios no pasaría el «filtro del Constitucional», en tanto en cuanto no se reformara la legislación actual.