El Gobierno vasco apartó a su servicio de Salud Pública de la gestión de la pandemia

El desplazamiento del equipo de Salud Pública de la gestión de la crisis del coronavirus se conoce tras desvelar este periódico que el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas de Euskadi también ha sido arrinconado. Este grupo es un panel integrado por 16 profesionales médicos, que fue impulsado con el objetivo de preparar una respuesta sanitaria ante una posible pandemia. Pero, llegada ésta, Osakidetza apenas ha contado con sus expertos.

A los servicios de Salud Pública les ha ocurrido algo muy parecido. «¿Alguien ha visto en alguna rueda de prensa sobre la pandemia al director de Salud Pública del Gobierno vasco? Nadie, porque no cuentan ni con él ni con su equipo», explican las fuentes consultadas.

En el Departamento de Salud toda la gestión de la crisis corre a cargo de un «'núcleo duro'», liderado por la consejera de Salud, Nekane Murga; su mano derecha, el viceconsejero Iñaki Berraondo; y tres personas más: la viceconsejera Fátima Ansotegi; la directora de Gabinete, Isabel Octavio; y el director de Planificación, Evaluación y Ordenación Sanitaria, Mikel Sánchez.

Los informes diarios sobre la evolución de la epidemia (con información sobre número de víctimas, situación de los hospitales...) no los hace el área de Epidemiología, «ni los firma ningún técnico, porque los redacta este asesor, que desconocemos quién es». «Es posible -añaden- que ni siquiera sea un experto en Salud Pública, porque cualquiera que sepa mínimamente de esto comprobará que esos documentos contienen errores».

El propio viceconsejero se ocupa del envío diario de datos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), que dirige Fernando Simón. «En el CCAES están alucinados, porque el encargado de esta tarea suele ser en todas las autonomías un funcionario del área de Epidemiología o, en su caso, el director de Salud Pública, pero nunca un dirigente político».

El equipo de Salud Pública tampoco ha sido «ni siquiera consultado» sobre cuestiones de las que se habla todos los días y que, «en buena medida, tendría algo que decir», como la forma en que deben realizarse los test rápidos de diagnóstico. La implementación de otro tipo de pruebas y protocolos se ha realizado de igual modo. «El cierre de los colegios -añaden estas fuentes- fue una propuesta de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en la que el servicio de Salud Pública nada tuvo que ver. Su opinión no interesó».

Salud Pública, que cuenta con una veintena de epidemiólogos, tampoco ha sido consultado ni invitado a participar en el diseño del plan de Euskadi para el levantamiento paulatino de las medidas de confinamiento, la desescalada. «No les llegan los informes, no se participa en debates... De hecho, se enteraron de quién representaría a Euskadi en el Comité de La Moncloa (Iñaki Berraondo) a través de trabajadores del Ministerio de Sanidad».

La ruptura de la cúpula de Salud con su grupo de Salud Pública parece relacionarse con otra crisis sanitaria: la originada por el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar. En una rueda de prensa, con el objetivo de tranquilizar a la población sobre el nivel de dioxinas existente en el aire del entorno, el director de Salud Pública, Juan José Aurrekoetxea, afirmó: «A un expresidente ucraniano intentaron asesinarle con dioxinas, pero no pudieron y le provocaron acné clorado. Es decir, le destrozaron la cara. La dosis que le dieron fue brutal. No hablamos de esos niveles». La explicación no gustó al viceconsejero Berraondo, que le cruzó una mirada fulminante.

No es el único ni el principal motivo. Como en el caso del Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas de Euskadi, el Departamento estaría intentando ejercer un «control férreo sobre la situación para evitar que el mínimo error acabe provocando un escándalo, que se sume a otros aún sin resolver. Como la OPE médica y la propia escombrera de Zaldibar.