El Gobierno ordena a todas las policías endurecer los controles en la calle

El Ministerio del Interior no ha perdido ni un segundo antes de que la ciudadanía comience a interpretar a su libre albedrío el confinamiento social y busque todo tipo de excusas para salir a la calle. Fernando Grande Marlaska dictó este domingo una orden que establece los criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del país –incluida la Ertzaintza y las policías locales– y detalla cómo los agentes van a hacer cumplir las limitaciones para la libertad deambulatoria de los ciudadanos que fija el real decreto del estado de alarma.

Marlaska ordena «dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte» para interceptar a posibles infractores, especialmente en «aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden».

En todo caso, aclara el ministro, se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos «puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario», así como la de permitir la «movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad». El ministerio deja claro que las policías serán un eje central en el cumplimento de «las medidas restrictivas».

Esta misma madrugada, antes de que los gobiernos vasco y catalán hayan podido siquiera terminar de digerir el real decreto del estado de alarma que recorta sus competencias de seguridad por la pandemia del coronavirus, el ministro, en esa misma orden, crea un Centro de Coordinación Operativa (CCO) para poner inmediatamente bajo el mando del Gobierno a los más de 7.300 ertzainas, los 17.000 mossos d'esquadra y al millar de forales, amén de los 70.000 policías locales y 80.000 agentes de seguridad privada. Ese centro también coordinará a los 169.000 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las instrucciones de Marlaska recuerdan que el real decreto ha establecido que todas las fuerzas policiales, incluidas las policías locales y autonómicas quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para «la protección de personas, bienes y lugares» y destaca la necesidad de que «en todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial».

Existía, en este sentido, cierta inquietud en el Gobierno vasco por la forma en la que se deben seguir las directrices marcadas por el Ejecutivo de Sánchez, de obligado cumplimiento para todas las comunidades. Lo que se temía es que se viese laminada su capacidad de mando y gestión sobre la Ertzaintza, que el 'control' de la administración central fuese más allá de la obligación de cumplir con las directrices marcadas por el ministerio de Marlaska para combatir el Covid-19. Ayer, de hecho, se celebró una videoconferencia a media tarde en la que participaron responsables del ministerio y de las distintas consejerías autonómicas de Interior –entre ellas la vasca– para pulir detalles técnicos. Los responsables del Gobierno vasco, según fuentes oficiales del Departamento de Seguridad consultadas por EL CORREO, salieron satisfechos del encuentro. Básicamente, porque consideran que se garantizó que seguirán ejerciendo sus competencias en materia de seguridad.

De hecho, el departamento que encabeza Estefanía Beltrán de Heredia enviará este mismo lunes una circular a todas las policías locales en las que se comunicará que «la coordinación con la Ertzaintza para la aplicación de las medidas excepcionales seguirá el procedimiento habitual». Es decir, se convocarán mesas en las participarán representantes de cada cuerpo municipal y la jefatura de las comisarías de la Policía autonómica de su demarcación. También se les trasladarán las pautas de actuación del Ministerio.

Las patrullas de la Ertzaintza también recibirán este lunes una instrucción interna en la que se insistirá en que la actual crisis se trata de un problema de salud pública –no de orden– y en la que se explicará a los agentes que deben «ayudar» a los ciudadanos a «comprender» la necesidad de cumplir con las restricciones.

A nivel nacional será el Centro de Coordinación Operativa (CCO) el que asegure «una transmisión permanente y continua de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades que se produzcan».

A lo largo de la orden, el ministro del Interior deja claro que la absoluta prioridad es poner a disposición de los profesionales y de la labor sanitaria las capacidades de todos los cuerpos policiales, particularmente en las «situaciones en las que dicho auxilio sea necesario para que pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo precisen».

Las instrucciones son tajantes en lo que se refiere a los hospitales y otros centros relacionados con la sanidad: «se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de centros sanitarios». «Cuando resulte necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias», señala asimismo la resolución.

La orden aborda igualmente otros ámbitos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad durante este estado de alerta. Los agentes, por ejemplo, deberán prestar su apoyo «a las medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario, y de otros bienes y servicios».