La Fiscalía vasca apoya la extensión del pasaporte covid a toda la hostelería y eventos culturales

Con la sexta ola disparada, el Gobierno vasco apuesta por disponer del pasaporte covid sea requisito imprescindible para acceder prácticamente a cualquier espacio de ocio, cultural o deportivo de Euskadi. En especial si son cerrados. Se trata de una medida extrema para fomentar la vacunación de los casi 180.000 vascos que aún no han querido vacunarse. O se inmunizan o verán muy limitada su vida social. Por el momento se salva el comercio.

En la solicitud que entregó la pasada semana el Ejecutivo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se pedía extender el uso del certificado de vacunación a todos los establecimientos de hostelería y restauración. Pero también a cualquier recinto en el que se realicen conciertos, acontecimientos culturales y artísticos -salas de conciertos, multiusos, festivales etc.-; a las instalaciones deportivas que cuenten con control de acceso y capacidad superior a los 100 asistentes -estadios de fútbol, baloncesco y frontones-, así como a los gimnasios y otros polideportivos y espacios interiores en los que se practica deporte.

Considera la Fiscalía vasca que la medida vendría justificada en la actual situación sanitaria. «El aumento en la incidencia ha sido seguido de un aumento en la ocupación de camas hospitalarias», exponía el Ejecutivo en su escrito, en el que defiende «establecer y ajustar a la situación actual las medidas de prevención y contención». Desde el Ministerio público subrayan que extender el pasaporte covid «tiene como finalidad la protección de la salud pública constitucionalmente encomendada a las autoridades admnistrativas». Se remite en este sentido a la normativa europea, en la que se establece que en función de la incidencia, los datos de transmisión, la vacunación y el tipo de lugares en los que se dan las condiciones que favorecen la propagación del virus, se recomienda la implantación del citado certificado. Se refiere, entre otros, a locales, cerrados y abiertos, en los que el uso de la mascarilla no es continuo, donde se practica deporte, ya que comporta un aumento y frecuencia de la respiración, hospitales, centros socio-sanitarios -residencias- y centros penitenciarios.

El Ministerio Público señala en el escrito remitido al Tribunal Superior vasco que la exhibición del pasaporte covid en los términos en los que se plantea «no constituye un factor de discriminación ni un factor de tratamiento desigual», en cuanto a que «la norma no tiene como finalidad tratar peyorativamente a este colectivo de ciudadanos que carecen del pasaporte, sino que tiene como finalidad prevenir la transimisión del virus, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de los ciudadanos que se encuentren en el local y/o establecimiento hospitalario, socio-sanitario y cumplir el mandato constitucional», recoge en su escrito. tampoco, añade, puede prevalecer el derecho a la intimidad, en alusión a una información que se considera «íntima» -la vacunación o no-, frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública.

La Fiscalía hace alusión, asimismo, a la última sentencia del Tribunal Superior, que en un supuesto semejante -en el caso del ocio nocturno y restaurantes de más de cincuenta comensales- advertía de que se trataba de espacios que no permiten el uso constante de la mascarilla y en los que resulta difícil mantener la distancia de seguridad. «Circunstancia que también se observa indicada en los informes técnicos que se adjuntan a la solicitud de autorización» de la extensión ahora del certificado. Insiten pues desde el Ministerio Público en que en la actual fase de la pandemia, la ampliación del pasaporte covid sería «la menos gravosa» y apostillan, «supera el juicio de idoneidad». «Es la mejor opción para garantizar la salud de todas las personas, pues la adopción de otras medidas más restrictivas, como cierres o limitaciones de aforos que ya se han empleado anteriormente, tienen una consecuencia negativa más intensa en la salud y recuperación de los pacientes que en los derechos fundamentales a los que afecta».