Euskadi estudia facturar la atención a las comunidades vecinas con las que tiene convenios sanitarios
Sospecha que otras autonomías limítrofes sí le cobran a Osakidetza estas prestaciones asistenciales a vascos en su territorio
El consejero de Salud y la ministra de Sanidad mantuvieron este viernes una reunión en Zaragoza para abordar la elevada cantidad que aporta Euskadi al ... fondo de Garantía Asistencial (FOGA) entre comunidades por la atención de sus pacientes desplazados a otras autonomías. El País Vasco aportó en la última liquidación de este mecanismo 169 millones de euros de los 317 a los que ascendió el total de esta caja, más que el resto de autonomías juntas. En el Gobierno vasco consideran que se trata de una cantidad «desmesurada» para una región en la que vive menos del 5% de la población española. En el Departamento vasco de Salud creen que existe algún tipo de error en la forma de cálculo de este fondo y han solicitado al Ministerio de Sanidad en varias ocasiones que se revise este sistema, al ser el «responsable» de su regulación.
Uno de los mecanismos que estudia aplicar Euskadi para equilibrar este balance es facturar a las comunidades vecinas con las que tiene suscritos convenios sanitarios por estas prestaciones, tal y como ha desvelado este viernes el consejero Alberto Martínez. Hasta la fecha Osakidetza no cobraba por los pacientes derivados desde estas regiones para los supuestos específicos fijados en los acuerdos. Sí facturaba la asistencia, en cambio, cuando atendía a personas de estos territorios de problemas de salud distintos a los recogidos en los convenios. Sin embargo, el Gobierno vasco sospecha que a la inversa no ocurre lo mismo y que las autonomías vecinas giran a Euskadi la totalidad de la prestación sanitaria que dan a los vascos en sus regiones, estén incluidas o no en convenios de colaboración.
La pasada semana fuentes del Ministerio Sanidad indicaron que Euskadi liquidaba mal la atención que presta a pacientes de otras regiones, como una de las principales claves de este desfase. El País Vasco pagó el pasado año el 60% de la totalidad del fondo de compensación entre autonomías para el periodo 2012-2022. Otro de los motivos de esta descompensación sería el significativo número de vascos que pasan largas temporadas en otras comunidades, sin comunicar formalmente su cambio de residencia, y cuyos gastos sanitarios son girados por estos territorios a Osakidetza.
También se conoció días atrás que no todas las autonomías suben a este sistema de facturación ni los mismos datos ni a todos los pacientes desplazados que tratan. Cada una hace lo que considera al no existir unidad de criterio. Algo que se debe, en parte, a que el FOGA aún no cuenta con un desarrollo normativo que fije con claridad qué se debe cobrar y qué no por estos servicios. Tarea que corresponde la Ministerio de Sanidad.
Con motivo de la celebración este viernes del Consejo Interterritorial en Zaragoza, el consejero Alberto Martínez y la ministra Mónica García mantuvieron una reunión previa en la que «analizaron de forma conjunta los fondos computados a Euskadi». Un encuentro en el que también tomaron parte personal técnico de ambas administraciones.
Nueva reunión en unos días
Tras esta «fructífera» reunión el consejero Alberto Martínez indicó en rueda de prensa que uno de los instrumentos que valora incluir Euskadi en la liquidación de este fondo es «la posibilidad de facturar a otras comunidades limítrofes con los que tenemos convenios sanitarios» por la atención de estos pacientes. Actualmente Euskadi mantiene acuerdos con Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra para diferentes asistencias.
El Departamento de Salud y el Ministerio de Sanidad han acordado celebrar una nueva reunión técnica la próxima semana. Su finalidad será «analizar y mejorar el sistema, contrastar (las cifras de Euskadi) con los resultados de otras comunidades y, si fuera el caso, revisar el mecanismo». Las conclusiones de ese encuentro serán llevadas a una comisión de seguimiento monográfica sobre el fondo de cohesión, que se celebrará el 24 de noviembre y al que se convocará a todas las autonomías.
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