Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Estos son algunos de los extractos del duro comunicado emitido en la tarde de ayer por el Departamento de Salud en respuesta a las explicaciones dadas el martes por el Ministerio de Sanidad sobre los motivos por los que Euskadi es, con diferencia, la comunidad que más paga por la atención de sus ciudadanos en otras comunidades distintas a la de su residencia. Entre 2012 y 2022 el País Vasco abonó 169 de los 312 millones a los que ascendió este fondo, cerca del 60%. Dicho de otro modo.

Según Sanidad, esa enorme diferencia se debe a que Euskadi liquida mal la atención que realiza a pacientes de otras comunidades. El Ministerio sostiene que Osakidetza no contabiliza bien esa asistencia y que, por tanto, no pasa una factura ajustada a la realidad a las autonomías de residencia de esas personas. Consecuencia de ello es el desfase entre lo que el País Vasco tiene que pagar a otras regiones por la atención a pacientes vascos y lo que recibe de ellas por asistir a los ciudadanos de esos territorios.

El Gobierno vasco desconoce cuántos millones puede haber abonado de más. En lo que sí confía, según apuntas fuentes oficiales, es en recuperar en años venideros aquellas cantidades que considera que no le tocaba liquidar. Desde el Ministerio de Sanidad fuentes oficiales recalcan en cambio que Euskadi «no ha pagado nada de más, sino que ha abonado el saldo negativo que le correspondía por la asistencia sanitaria que otras comunidades han prestado a pacientes que constan como residentes en el País Vasco».

El Departamento de Salud insiste en que en el Ministerio le ha «reconocido» en las diferentes reuniones en las que han tratado este tema durante este año –la última el lunes– que «el sistema de cálculo es anómalo» y que «la liquidación realizada por Euskadi en la última década es desproporcionada». Sin embargo afea a la Administración central su inacción a la hora de corregir este desfase o ayudar a Euskadi a hacerlo.

«El Ministerio de Sanidad ha reconocido que no dispone ni de criterios claros, ni de una metodología contrastada que sirva de referencia para el conjunto de las comunidades, dejando el sistema al albur de cada cual el procedimiento de gestión», detalla el Gobierno vasco en este comunicado.Es más, la consejería encabezada por Alberto Martínez insiste en que es «competencia y responsabilidad» de la administración dirigida por Mónica García «impulsar, de una vez por todas, el desarrollo normativo» del Fondo de Garantía Asistencial. Esto es algo que le ha reclamado el Tribunal de Cuentas –subraya Euskadi– para poner negro sobre blanco los mecanismos de funcionamiento de este sistema de compensación entre autonomías y darle una «cobertura legal» de la que ahora carece.

Prueba de que Sanidad reconoce fallos, prosigue el Departamento vasco de Salud, es que ha retirado del orden del día del próximo Consejo Interterritorial el punto relativo a la liquidación del fondo de compensación para los años 2023 y 2024. Con el sistema actual a Euskadi le tocaría pagar 51 millones de euros. El consejero Martínez ya ha avanzado que van a bloquear este abono mientras no se aclaren y corrijan los desajustes del sistema.

Algo que llama la atención es que desde 2012 nadie de la consejería vasca de Salud haya advertido hasta ahora la gran «desproporción» que denuncia el Gobierno vasco en la forma de calcular estos gastos sanitarios a personas de otras regiones. En 2024 se celebró un Consejo Interterritorial para liquidar los importes correspondientes a este fondo durante la década anterior. A Euskadi le tocó pagar 169 millones al tener un saldo negativo en este tipo de atenciones. El representante del Departamento de Salud votó entonces a favor de esa liquidación. Solo Aragón lo hizo en contra y Extremadura se abstuvo.