Enfermos por el contacto con amianto critican el frenazo al fondo de compensación

«Ha sido un jarro de agua fría para todos los afectados», cuenta Jon García, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Este es el segundo adelanto electoral que pospone la puesta en marcha del fondo. «Volvemos a depender de la voluntad del próximo Gobierno», lamenta mientras asegura que considera este aplazamiento como «una ofensa al Parlamento vasco».

Aún así, si el proyecto regulador del fondo se aprobara tal y como lo propone el Gobierno, sería una victoria amarga para las víctimas. Las cuantías que prevee son menores a las indemnizaciones que reciben los afectados tras acudir a los tribunales, «cuando uno de los objetivos del fondo era evitar largos procesos judiciales». También han limitado los motivos por los que se puede solicitar esa compensación económica.

«Como todavía no tengo cáncer, no puedo acceder al fondo», lamenta Josefa Domínguez, vecina de Galdakao. Es la primera vizcaína diagnosticada por contaminación ambiental. Tiene placas pleurales bilaterales y las vías respiratorias dañadas, unos criterios que han quedado fuera del decreto para acceder a la indemnización. «Me siento engañada. Es un fracaso. El contacto con el amianto me ha fastidiado la vida y no se me reconoce como víctima», resume desmoralizada.

«Es una derrota mayúscula. Este disgusto se suma al tener ya asumido que en algún momento de mi vida desarrollaré cáncer -dice-. Tengo que vivir pegada a una máquina respiratoria. El fondo de compensación me serviría para contratar a alguien que me ayude con las tareas del hogar», explica con un visible enfado.

La madre de Josune Rodríguez falleció hace 14 años. Su hija aún recuerda cómo se quejaba de un dolor en los pulmones. «No le dimos demasiada importancia y cuando quisimos hacerlo ya era tarde», recuerda. Del fondo de compensación no esperaba mucho:«No va a conseguir que mi ama reviva».

Aún así, no entiende cómo su situación no está entre los supuestos para acceder al fondo. En el caso de los hijos, el decreto propuesto por el Gobierno solo les incluye como víctimas si su familiar fallece «con posterioridad a la entrada en vigor de la ley».

Jesús Uzkudun, por su parte, está a la espera de que le diagnostiquen una incapacidad respiratoria. Sin embargo, no recurrirá al fondo. «Debería ser para reparar el daño de quienes no pueden solicitar una compensación a su empresa», explica.