El Congreso aprueba la primera ley nacional de muerte digna

El Congreso aprueba la primera ley nacional de muerte digna
Alberto Mingueza

Garantiza a todos los pacientes terminales el derecho a cuidados paliativos, a interrumpir los tratamientos y a la sedación

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

El Congreso aprobó este jueves la primera ley nacional de muerte digna, que convierte en un derecho de todos los españoles los cuidados paliativos integrales, el acompañamiento del enfermo y el tratamiento adecuado del dolor en los últimos momentos de la vida.

La norma, que ahora tiene que ser ratificada por el Senado antes de que entre en vigor, consagra a los enfermos como dueños de sus decisiones en esta etapa final y garantiza que nadie les pueda hacer pasar por un sufrimiento innecesario, al tiempo que da seguridad jurídica a los profesionales sanitarios.

La ley, impulsada por Ciudadanos, y en especial por el diputado Francisco Igea, asegura que los pacientes recibirán la información necesaria sobre su estado para poder acordar sus últimas voluntades y que tienen derecho a los cuidados paliativos, en centros públicos y privados, y también en sus domicilios.

El enfermo tiene derecho a negarse a cualquier tratamiento o intervención que, una vez informado y con una decisión consciente, considere innecesario, incluida la retirada o rechazo de las medidas de soporte vital, aunque ello cause su muerte. De igual manera, y con indicación del especialista sanitario, tiene derecho a recibir sedación terminal para evitar los dolores, ahogos o angustia que le causan gran sufrimiento al final de la vida aunque los fármacos aceleren el momento de su muerte.

La ley, que cuenta con el apoyo de C's, PP, PSOE, y Podemos, trata de evitar que unos 50.000 pacientes mueran al año en España sin cuidados paliativos, según calculan los especialistas sanitarios.

Polémica

No obstante, la ley no se aprobó sin polémica. El PSOE logró introducir una enmienda de última hora por la que no habrá un régimen sancionador nacional común sino que las medidas para castigar el incumplimiento de la norma quedarán en manos de las comunidades, diez de las cuales ya tienen sus propias leyes de cuidados paliativos, y de lo dispuesto en la ley general de sanidad, cuando las autonomías carezcan de regulación específica.

La ausencia de un régimen sancionador nacional contó con el rechazo de Ciudadanos y del PP, que consideran que de esta forma la norma queda incompleta, porque no asegura que en cualquier punto del país los enfermos terminales gocen de iguales derechos y servicios. Es más, Ciudadanos no ocultó que este cambio de calado puede hacer que su partido se replantee el apoyo a la ley de eutanasia del PSOE, que aún no ha comenzado su tramitación en comisión porque liberales y populares, con mayoría en la Mesa del Congreso, la tienen bloqueada y en período de presentación de enmiendas desde septiembre pasado.

La ley nacional de muerte digna contó con el rechazo de los nacionalistas de PNV, ERC y PDeCAT, que la consideran innecesaria por ya existir regulaciones autonómicas y que, además, creen que en algunos aspectos invade competencias de las comunidades.

 

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