Un centenar de mujeres de otras comunidades abortan en Euskadi

La consejería que encabeza Gotzone Sagardui asegura que las mujeres que viven en Euskadi «no tienen obstáculos» para poder ejercer este derecho y, añade, que la prestación la reciben «en tiempo y forma y con todas las garantías de seguridad, gratuidad, intimidad y cercanía», por lo que «no tienen la necesidad» de acudir a otros centros sanitarios de otras comunidades autónomas.

No ocurre así en todas las regiones. En nueve provincias -Huesca, Teruel, Ávila y Segovia entre ellas- no se ha practicado un solo aborto desde que el Gobierno de Felipe González lo despenalizara en 1985, provocando que muchas pacientes tengan que recorrer cientos de kilómetros para poner fin a su embarazo en otros lugares, como Euskadi. Sagardui resalta que el País Vasco presta «dicho servicio a otras mujeres residentes en comunidades vecinas, ante la imposibilidad de recibir el mismo» donde viven.

Poner fin a este tipo de situaciones era una de las cuestiones que el Ejecutivo central quería atajar con la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobada el pasado diciembre por el Congreso. Ahora el Senado la debe refrendar de forma definitiva. El texto, entre otras cosas, elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 que quieran interrumpir su gestación y establece que estas prácticas se lleven a cabo en centros públicos y, «excepcionalmente», en uno privado acreditado, regulando de forma estricta la objeción de conciencia.

En Euskadi en la actualidad el 95% de los abortos son derivados a clínicas. Sin embargo, con la modificación legal, Osakidetza debería asumir los más de 3.000 IVE que ahora remite a la red privada, algo que «trastornaría gravemente la organización de los servicios de ginecología públicos». Por ello el Gobierno vasco presentó una serie de alegaciones a la norma y que ahora han sido remitidas ahora al Parlamento vasco en respuesta a una solicitud de información por parte de María Garde, de EH Bildu. En su escrito, Salud reconoce que en Euskadi el que la mayoría de abortos se practiquen en centros privados «no tiene que ver por razones de objeción de conciencia». La consejería achaca esa práctica al «elevado número» de mujeres que desean poner fin a su embarazo, a «la celeridad con la que deben de practicarse» y a «la sencillez» de las intervenciones, lo que «impide» que las IVE «puedan programarse y encajarse en un sistema de lista de espera» como el de Osakidetza.

Salud considera que establecer que el aborto se deba realizar «obligatoriamente» en un centro sanitario público «constituiría un evidente ataque» y «una vulneración» del reparto competencial.