ELA y Salud se enzarzan por unas contrataciones en las que participó Murga

El Departamento de Salud hace una interpretación diferente de esta misma norma y entiende que Murga sí estaba avalada para intervenir en aquellas comisiones. En la instrucción figura que solo se impide ser nombrado miembro de este órgano al personal eventual. Osakidetza defiende que Murga no tenía entonces esa categoría laboral, al ser «un cargo jerárquico superior a los puestos seleccionados». ELA no comparte esta lectura. El sindicato alega que tanto la normativa vasca como la estatal considera a los cargos de confianza como personal eventual.

Volviendo a la asignación de las dos jefaturas, varios funcionarios de carrera con plaza fija se presentaron a esta comisión de servicios para lograr un ascenso laboral. De conseguirlo tendrían seis personas a su cargo y la posibilidad de trasladar el lugar de trabajo. Todos los aspirantes tuvieron que presentar un proyecto con el que se evaluó su destreza y conocimiento. Ninguno logró hacerse con alguna de estas jefaturas. Según detalló ayer Esther Saavedra, de ELA, la comisión de evaluación presidida por Murga y compuesta por otras dos personas decretó la primera convocatoria desierta. Se eligió para el puesto a la persona que encabezaba una pequeña bolsa de empleo compuesta por 204 candidatos, «frente a los más de 3.000 que constan en las de categorías masivas de Osakidetza». En el segundo proceso la plaza fue dada a «un funcionario interino, si bien en este caso desconocemos si se presentó a la convocatoria o fue nombrado desde una lista de contratación temporal». Ambos ocupan aún estas dos jefaturas.

Desde Salud respondieron a la central defendiendo que no se cometió ninguna irregularidad en la designación de estas dos personas y que ningún sindicato presentó alegación alguna en 2017, cuando se les comunicó las personas que iban a integrar las comisiones de evaluación que presidió Murga. ELA explicó que no había hecho públicos estos hechos antes por la dificultad para reunir la documentación que los acredita. El sindicato no prevé acudir a la Fiscalía a denunciar estos hechos, pero sí ofrece toda la información de la que dispone al Ministerio Público en el caso de que considerase que «puede haber algún indicio de delito» y decidiese actuar de oficio.