4.210 mujeres abortaron el pasado año en el País Vasco, el 95,7% en centros privados
Osakidetza deriva a las clínicas la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo. Solo práctica en sus hospitales las que se realizan por motivos sanitarios
4.210 mujeres vascas se sometieron a lo largo del pasado año a una interrupción voluntaria del embarazo. La cifra es muy similar a la del ejercicio de 2023, cuando fueron 4.225, el máximo hasta la fecha. La mayoría de estas féminas –4.028, el 95,7% del total– se sometieron a un aborto en un centro privado. Osakidetza tiene concertado con las clínicas privadas esta prestación. Deriva a a estos dispositivos sanitarios a aquellas mujeres que quieren poner fin a su gestación y asume los gastos de estos procesos.
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En los hospitales públicos solo se llevan a cabo aquellos abortos que se practican por motivos de salud, bien porque el feto presenta anomalías o porque el embarazo y el parto suponen un riesgo para la vida de la gestante. En 2024 Osakidetza practicó 182 abortos que cumplían estos criterios.
La ministra Mónica García considera «inaceptable» estas tasas de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos al entender que «incumplen» lo que recoge la ley. García aseguró ayer que su ministerio va a ser «contundente» a la hora de exigir a las autonomías «planes claros» para «darle la vuelta a esta situación» y cumplir con lo ordenado por la norma. Dijo que están ultimando un informe que radiografiará la situación e indicará cuántas comunidades han puesto ya en marcha los registros de médicos objetores y cuántas están reorganizando los servicios en sus hospitales públicos para asumir los abortos voluntarios.
La ministra no fue ayer más allá, pero su secretario de Estado de Sanidad dirigió en julio una carta a todos los consejeros del ramo para advertirles de que, a la vista de los resultados de esta radiografía, la Alta Inspección requerirá a los incumplidores para que concreten qué medidas y en qué plazos van a tomar para aplicar el mandato legal y, añadió, que, en caso de no rectificación, «el ministerio valorará el inicio de procedimientos legales» contra las autonomías incumplidoras.
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