Revilla, sobre el rescate de las espeleólogas: «No podemos estar gastando dinero público en aventureros»

En las redes sociales, el presidente regional ha afirmado que «no podemos estar todo el día gastando dinero público para aventureros» y ha matizado que, frente a la amplia tipología de cuevas existente en Cantabria, Coventosa es para «gente especializada».

Como suele ocurrir con el altavoz mediático de internet, las reacciones no se han hecho esperar. Frente a quienes le critican por poner en duda el nivel de las tres espeleólogas e incluso le acusan de machista, hay quienes respaldan a Revilla, considerando que hay «mucho intrépido» que debería «pagarse sus caprichos».

Desde el propio Ejecutivo, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha señalado que desde el Gobierno de Cantabria «no cuantificamos exactamente» el coste del rescate de las tres espeléologas, ya que se ha realizado con cargo al contrato anual que el Ejecutivo mantiene con la asociación de espeleosocorro. Se trata de un contrato que «debemos de tener» porque «no debemos escatimar en emergencias», ha enfatizado la consejera de Presidencia, que ha reivindicado que «el Gobierno de Cantabria trabaja e invierte todos los medios necesarios para que cuando ocurre un hecho como este estemos preparados, lo afrontemos y el resultado sea pues el que ha sido» y que ha calificado de «éxito».

Y lo ha achacado a que, a través de ese contrato con Espeleosocorro, el equipo de rescate de la asociación trabajó «de manera coordinada» con el Gobierno, el 061 y la Guardia Civil, y, por ello, ha dicho que «es importantísimo». «Creo que resultó un éxito y que además funcionó muy bien toda la coordinación de los equipos que actuaron», ha ensalzado la consejera que, al igual que Revilla, ha apelado a la «responsabilidad» de los aventureros, pero ha señalado que las tres espeléologas estaban «perfectamente preparadas, sabían lo que se iban a encontrar y llevaban los equipos preparados para ello».

«Ocurrió lo que ocurrió, son las desgracias que ocurren cuando se hacen este tipo de deportes de riesgo y ante las que el Gobierno también tiene preparada la respuesta», ha concluido Fernández.

Javier Gómez, rescatador del Gobierno de Cantabria, declaraba a este periódico que suele ser el excursionista o montañero de nivel bajo o medio el que más problemas genera. «El gran alpinista o montañero no suele generar urgencias. En las pequeñas, se las ingenian ellos solos para salir», explicaba.

Sobre la posibilidad planteada por el Gobierno de Cantabria de cobrar por las salidas del helicóptero de rescate (en torno a 1.800 euros la hora), utilizado habitualmente en zonas de montaña, Gómez consideraba que esta medida podría suponer que quien se rompe un tobillo, «en lugar de avisar a las cinco de la tarde, lo hará a las nueve, cuando ya es de noche, lo que complicaría el rescate».

El equipo de salvamento y rescate de helicóptero del Gobierno de Cantabria está formado por 14 personas. Cada vez que hay una salida acuden al rescate cinco de ellas: rescatador, médico, gruista, piloto y copiloto.

Un caso reciente que puso sobre la mesa el coste que supone movilizar a efectivos de diferentes cuerpos de auxilio, ocurrió en Castro Urdiales el año pasado.

La broma de dos chavales un lunes noche pidieron auxilio desde la plataforma acuática de la playa de Brazomar les pudo salir cara. La Policía Local de Castro Urdiales, que instruyó las diligencias, consideró acreditado que, al menos uno de ellos, hizo aspavientos y gritó de manera escandalosa «a sabiendas» de lo que podría pasar después: que se activaría un gran dispositivo de rescate que resultaría inútil, porque en realidad allí no estaba pasando nada. Esta acción encaja con uno de los supuestos que recoge la ordenanza municipal de Protección de Espacios Públicos, que califica como «muy grave» la «provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia». Las multas que se recogen oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros.

La maquinaria de rescate se puso en marcha con las llamadas de los testigos a los servicios de emergencias. Una embarcación de la DYA se plantó allí en cinco minutos, y luego llegó su ambulancia. A la vez, el 112 movilizó a bomberos, Guardia Civil, Policía Local, 061 y hasta informó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo y puso en preaviso al helicóptero –no llegó a volar–, tal y como marcan los protocolos antiahogamientos. Lo que no esperaban era comprobar que se trataba de una falsa alarma. A pesar de ello, los medios que llegaron a desplazarse permanecieron en el lugar aproximadamente una hora para confirmar al cien por cien que allí no pasaba nada.