Las revelaciones judiciales sobre la OPE vuelven a poner al consejero Darpón contra las cuerdas

Las últimas revelaciones de la Fiscalía, que aprecia indicios de delito en la OPE de Osakidetza, han dejado al consejero de Salud, Jon Darpón, en el ojo del huracán. EH Bildu, Podemos y PP reclamaron ayer su cese después de que se conociera que pudo haber una «revelación de secretos» en las pruebas celebradas en mayo y junio del año pasado. Unos exámenes que la parlamentaria de la coalición soberanista Rebeka Ubera calificó ayer como «un gran engaño y una estafa a gran escala a toda la sociedad». A su juicio, la dimisión de Darpón debe ser «inmediata», así como la creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco, una posibilidad que embarrancó recientemente gracias a los votos de PNV, PSE y PP. A juicio de Bildu, tras el salto a los tribunales de Justicia «no basta la dimisión de la ya exdirectora de Osakidetza y el cese del exdirector de Recursos Humanos». «Si Darpón no lo deja por propia voluntad, el lehendakari, Iñigo Urkullu, tendrá que cesarle como responsable político máximo de esa estafa», defendió.

En la misma línea se situó ayer Elkarrekin Podemos. Su parlamentaria Cristina Macazaga reclamó «el cese de Jon Darpón por los indicios de filtraciones en la OPE», algo que «el consejero trató de ocultar con sus maquinaciones y coartadas para cubrirse las espaldas», según la formación morada. Se preguntó «a qué espera Urkullu para cesarlo». «Hubo filtraciones y Osakidetza no garantizó la igualdad de oportunidades», denunció Macazaga, quien recordó que la Fiscalía señala como posibles responsables al exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, y a los altos cargos Xabier Balerdi y Andoni Arcelay. A su juicio, «Darpón ha tratado de dar carpetazo» a este asunto y no ha sido completamente «transparente» con la Fiscalía «porque no han sido aportados» algunos datos al Ministerio Público, según Elkarrekin Podemos. La formación volverá a pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco y la reprobación del consejero de Salud, una medida que la primera vez sólo recabó el apoyo de Bildu. Macazaga mostró su «esperanza» de que «ahora se sume el Partido Popular».

El PP vasco elevó ayer el tono de sus críticas y señaló al lehendakari como «principal y único responsable» de todo lo que ocurra «a partir de ahora». En plena precampaña electoral y con un posible proceso penal en puertas, los populares han visto la ocasión de desgastar al PNV y tratar de seguir resquebrajando la imagen de gestor impoluto de los jeltzales, ya tocada por el 'caso De Miguel'. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, acusó al Ejecutivo autónomo de haber «ocultado» información, «faltar a la verdad» y «no ser trasparente» cuando esta polémica se trató en la Cámara de Vitoria. «Es algo muy grave». Pero tras el paso de la Fiscalía, la situación ya es «insostenible».

El líder popular evitó verbalizarlo directamente, pero en varias ocasiones dejó caer que la única opción que le queda a Urkullu es cesar al consejo de Salud, en el epicentro de la polémica desde que estallara este caso. «(Urkullu) verá hasta qué punto quiere quemarse, pero está claro que ya no hay mucho más recorrido político. Osakidetza no puede seguir estando bajo sospecha y él puede acabar con esta situación muy rápidamente»,

Alfonso Alonso recordó que «Urkullu se comprometió a llegar hasta el final» a la hora de «esclarecer responsabilidades» en las pruebas del Servicio Vasco de Salud. En esa misma línea se situó en julio del año pasado Andoni Ortuzar, presidente del EBB, quien defendió «la honestidad y responsabilidad» del consejero en esta crisis.«El principal interesado en aclarar los hechos es el departamento de Salud», ahondó Ortuzar. En octubre, el propio lehendakari respaldó a Darpón y le expresó «todo mi reconocimiento». «El consejero ha actuado con responsabilidad, celeridad y prudencia con una investigación objetiva y transparente», aseguró. Alonso fue ayer contundente: «Dejaron la investigación en manos de uno de los altos cargos que están bajo sospecha en el escrito de la Fiscalía».