«Ya es hora de poner fin a esta injusticia», reclaman los profesores jubilados

«Ya es hora de poner fin a esta injusticia», han reclamado este lunes en Bilbao los responsables de la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco, Adostuz, después de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria haya condenado al Gobierno vasco a abonar a 2.632 profesores la prima por jubilación anticipada que se «suspendió» a raíz de la crisis económica. Los docentes han manifestado su «alegría y satisfacción» ante una sentencia que reconoce su derecho a percibir la cantidad que les ha sido sistemáticamente negada desde 2012: según argumenta la jueza, «la Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima», que forma parte de un acuerdo bilateral del que se han beneficiado las instituciones. «Creo que el Gobierno vasco no debería recurrir, porque sería insistir en un comportamiento que va contra la Constitución: si antes tenían dudas, ahora ya se lo han aclarado», ha destacado la presidenta de Adostuz, Luisa Calvo. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha declarado en una entrevista con Euskadi Irratia que los servicios jurídicos «están analizando» el asunto.

Las indemnizaciones por jubilación anticipada acordadas en 2010 se abonaron a los docentes que cumplían los requisitos aquel año y el siguiente, pero a partir de 2012 las primas aparecieron como «suspendidas» en las Leyes de Presupuestos Generales. La asociación Adostuz planteó una reclamación colectiva en tres tandas (que representaban, respectivamente, a 2.033, 162 y 428 asociados) que finalmente se constituyeron en causa única. «Hasta entonces las demandas se enfocaban al cobro, pero esta se centró en el derecho», explican. La sentencia de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido que ese derecho continúa vigente (la jueza analiza con detenimiento la diferencia entre suspensión y supresión) y debe ser atendido.

El montante económico que ello supone resulta difícil de calcular con precisión: Adostuz ha estimado que son unos 160 millones de euros y puntualiza que habría que contemplar a todos los docentes que vayan optando por la jubilación anticipada. De hecho, el colectivo tiene preparada una cuarta tanda de reclamaciones con casi 400 representados y apunta que «continuamente se siguen añadiendo socios». Ayer, eran 3.305. La indemnización individual varía en función de la edad concreta de jubilación y del nivel educativo en el que se daba clase, pero los afectados reclaman una media de 50.000 euros.

Luisa Calvo y el secretario de la agrupación, José Andrés Sánchez, han hecho hincapié sobre un par de argumentos de la sentencia. El primero se refiere a la condición bilateral del acuerdo que dio origen a la prima: «Tiene una naturaleza sinalagmática, es decir, si una parte cumple, la otra también tiene que hacerlo», han aclarado. El segundo punto tiene que ver con los «beneficios» que el acuerdo ha supuesto para la administración, que aspiraba con él a renovar las plantillas, rejuvenecer el profesorado y ahorrar en costes de personal. «El Gobierno estaba claramente interesado en que nos jubilásemos a los 60. De hecho, cuando se retomó la negociación tras los recortes, siguió incentivándolo», ha planteado la presidenta.

El secretario, por su parte, se ha referido al argumento de que el pago de la prima puede abrir un agujero en las cuentas públicas: «El Gobierno vasco decía que, si nos pagaba, se desequilibraban los presupuestos. Iba manejando cifras que engordaban cada vez más. Pero buscaba la contratación de gente más joven, que cobra menos: en cinco años, han podido ahorrarse la mitad de lo que nos tendrían que dar. Para el Gobierno no supone un problema, la carga no es tan grande».

En la rueda de prensa de Adostuz han participado también representantes de ELA, LAB, UGT y CC OO, organizaciones que, junto a Steilas, les han brindado su apoyo en estos «años de lucha por una causa justa». De hecho, Jesús Martín, de UGT, se ha referido a esta inusual coincidencia de criterios: «Han conseguido algo complicado, que es ponernos de acuerdo a todos los sindicatos. Esta es una primera victoria y todavía queda camino». Por su parte, Pablo García de Vicuña, de Comisiones Obreras, ha insistido en que «no es de recibo que una suspensión deje por el camino a una de las partes en un acuerdo bilateral».

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