Penalistas alertan de que sin «pruebas» es «muy difícil» condenar una violación

Cabezuelo, durante una de sus obligadas visitas al Juzgado de Guardia de Sevilla para fichar./EFE
Cabezuelo, durante una de sus obligadas visitas al Juzgado de Guardia de Sevilla para fichar. / EFE

Para expertos y jueces la propuesta del Gobierno de que todo acto sexual sin permiso expreso sea violación debe «hilar muy fino» para «no afectar a derechos fundamentales»

JOSÉ DOMÍNGUEZ

La propuesta del Gobierno central de reformar el Código Penal para que sea delito todo acto sexual sin el consentimiento expreso de la mujer ha recibido numerosos apoyos, aunque también reservas. Entre estas últimas destacan las de algunos jueces y expertos en Derecho, que piden «mucha reflexión y mesura» a los que tienen la competencia para cambiar las leyes (Congreso de los Diputados y Senado). Apelan a los responsables políticos a tomar una decisión «sin dejarse llevar por la marejada de rechazo a la sentencia de 'La Manada'». Porque, a su juicio, «hay que hilar muy fino» para no lesionar «derechos fundamentales» como el de la presunción de inocencia: «Sin pruebas seguirá siendo muy difícil condenar una violación».

750 jueces critican la presión social y política tras el fallo a 'La Manada'

750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ante la «presión social» que aseguran se «ha desatado» contra el tribunal que condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de 'La Manada'. A juicio de los jueces, este «linchamiento público, con la complicidad y aliento de políticos», supone una «gravísima amenaza» contra la independencia judicial ya que el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha contestado «eficazmente». «Nos encontramos desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo», denuncian en la nota, que desgrana las reacciones «inmediatas» que se produjeron tras el fallo, desde los comentarios en Twitter de los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a las concentraciones que se sucedieron por distintos lugares de España para protestar contra una pena que se limita a un «abuso sexual».

Así lo ve el presidente en el País Vasco de la Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Romero. «Bienvenido sea todo cambio legislativo para proteger a la mujer, pero con éste el núcleo del problema seguirá estando en el campo procesal, como ahora, cuando tengamos que juzgar sólo con el testimonio de la víctima», subraya. Porque recuerda que la ley obliga a absolver al acusado si no hay «pruebas suficientes».

Demelsa Benito, profesora en Derecho Penal en la Universidad de Deusto, remarca que la actual legislación ya da credibilidad «como prueba de cargo» a la declaración de una víctima «cuando es verosímil y no incurre en contradicciones». Pero ve un riesgo que con la reforma sea el acusado quien deba probar «si el consentimiento fue expreso o no». «Porque lógicamente éste no se da por escrito y no es probable que medien grabaciones de audio o vídeo, ya que estas relaciones se dan en la intimidad». Romero remarca que «con esta presión mediática se quiere que los jueces nos carguemos una regla que protege la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos».

La ministra de defensa, Margarita Robles, reconoció ayer que en los delitos sexuales «muchas veces hay una problema de valoración» de estas pruebas por parte de los magistrados. Por eso también insistió en la importancia de «reforzar la perspectiva de género» ante «determinados comportamientos y actuaciones».

También violencia de género

Por su parte el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, coincidió en que en «una relación consentida debe haber un 'sí' que seguramente tendrá una significación distinta según el contexto». Y diferenció entre el caso de una relación estable y el de una mujer «bajo los efectos del alcohol sin condiciones de expresar libremente su voluntad».

Las medidas del Ejecutivo central, en cualquier caso, no se limitarán a este 'sí' expreso. Ayer la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció su intención de igualar la agresión sexual a la violencia de género porque la situación es «insostenible». «Una sociedad que recibe este grito unánime debe ponerse en terapia de forma urgente», aseguró en su primera comparecencia en el Congreso al recordar las protestas contra la sentencia de 'La Manada'. Este cambio dará derecho a la víctima a la asistencia jurídica gratuita. La ministra indicó también que encargará una relectura con perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos