El Parlamento vasco revisará la ley de custodia compartida en caso de violencia machista

El Parlamento vasco revisará la ley de custodia compartida en caso de violencia machista
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El PNV advierte de que el marco actual ya dispone medidas «suficientes» para estos supuestos

Jesús J. Hernández
JESÚS J. HERNÁNDEZ

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves una revisión de la ley de custodia compartida. La Cámara ha asumido «la toma en consideración» de la norma promulgada en 2015 y que no resulta «suficiente para atender al interés de menores y adolescentes en casos de violencia machista», según EH Bildu, grupo que firmaba la iniciativa. La propuesta ha prosperado con el respaldo unánime de los parlamentarios, pero con marcadas diferencias y «visiones críticas» sobre los argumentos expresados por la coalición soberanista. Y es que el texto firmado por Jone Goirizelaia solicita excluir a los padres de la custodia compartida «cuando estén inmersos en un procedimiento judicial por razón de violencia de género, se hayan adoptado o no medidas en relación con él mismo». Ese artículo 9 bis suscita dudas en amplios sectores de la Cámara. También se reclama la exención «cuando la causa fuese abierta por violencia contra el menor», un aspecto que no genera controversias.

Goirizelaia ha lamentado la «falta de perspectiva de género» de los tribunales de justicia y ha subrayado la necesidad de «proteger a las víctimas». «La responsabilidad y la obligación de los partidos es que la reforma que salga adelante sea positiva», ha añadido. El siguiente paso es la creación de una ponencia parlamentaria donde cada grupo aportará sus enmiendas. Y ahí es previsible que afloren matices. La jeltzale Amaia Arregi, en su intervención, ha advertido de que el suyo era «un voto favorable pero crítico». Según ha destacado, el marco actual ya contempla la adopción de medidas extraordinarias y no es necesaria siquiera una sentencia: «basta que haya indicios fundados» para negar la custodia compartida, las visitas e incluso la comunicación en algunos casos. «Hay mecanismos suficientes», ha valorado, por lo que su grupo «no ve necesidad de reformar ese punto». De cualquier modo, su grupo, que sostiene al Gobierno junto al PSE, no se opone a «mejorar la ley en su integridad». Precisamente la socialista Alexia Castello también ha expresado sus dudas sobre la redacción de la iniciativa, pero ha abogado por «reflexionar» y analizar las repercusiones de la ley actual.

A juicio de Eukene Arana, apoderada de Elkarrekin Podemos, es necesario «debatir, analizar y encontrar nuevas y mejores soluciones» para proteger tanto los a niños como a los adolescentes que son víctimas de la violencia machista. Para la formación morada, las administraciones vascas «no dan respuesta a las necesidades» de estos colectivos con el marco jurídico actual.

Por su parte, la parlamentaria del Partido Popular Nerea Llanos ha explicado que el apoyo de su grupo a la reforma está motivado por la búsqueda de la protección de los menores y ha subrayado la importancia de «hilar fino» en la modificación de una norma que podría conllevar problemas de «inconstitucionalidad». Y es que el propio Gobierno vasco, que se muestra favorable al debate, ya alertó de que algunas modificaciones planteadas «pueden suponer en la práctica promover un cambio normativo que excede las competencias atribuidas» al País Vasco por el Estatuto de Gernika, con el «riesgo de impugnabilidad que entraña».

Segundo portazo a una ILP en la Cámara

Tinixara Guanche ha recordado este jueves las palabras en el atril de Vitoria de Sabin Zubiri, el primer ciudadano vasco que defendió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento. «Hay que tener cuidado cuando se trae aquí una ILP», ha asegurado como un presagio del portazo que ha recibido su propuesta de cambiar la ley para combatir la segregación escolar. Ha sonado rotunda la segunda negativa a una petición popular, respaldada por varios sindicatos y colectivos sociales de Euskadi, y que reclamaba mejorar la cobertura de las prestaciones para frenar la pobreza y la exclusión social «que siguen creciendo por los recortes y el endurecimiento de los requisitos», según ha explicado Janire Landaluce. PNV, PSE y PP han votado en contra.