El Parlamento pide vincular el alquiler de pisos al IPC para evitar «subidas especulativas»

El Parlamento pide vincular el alquiler de pisos al IPC para evitar «subidas especulativas»
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Los grupos políticos respaldan el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco, que potenciará la rehabilitación de edificios envejecidos donde viven personas mayores

María José Carrero
MARÍA JOSÉ CARRERO

El Parlamento vasco quiere que el precio del alquiler de los pisos se vincule al IPC «a fin de evitar subidas especulativas». El problema es que para conseguir este objetivo es preciso modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la potestad para hacerlo es del Gobierno central. Por ello, los grupos políticos que integran la Cámara vasca aprobaron ayer una resolución en la que se insta al Ejecutivo de Madrid a reformar la legislación en este sentido. La propuesta partió del PNV y PSE (partidos que integran el Gabinete Urkullu) y fue respaldada por el resto de formaciones. Asimismo, se demanda alargar la duración mínima de los contratos, que es en estos momentos de tres años.

Esta es una de las iniciativas del Legislativo de Vitoria que resultaron aprobadas durante la sesión monográfica dedicada a analizar el Plan Director de Vivienda 2018-2020, elaborado por el departamento del socialista Iñaki Arriola. Después de que el consejero detallara los principales ejes del documento, se votaron las propuestas de resolución de los grupos. Se dio luz verde a una iniciativa de Elkarrekin Podemos por la que se reclama un informe «sobre el impacto de los pisos turísticos en el alza de las rentas». Asimismo, el Parlamento apoyó otro planteamiento de este grupo favorable a realizar un informe sobre cómo utilizar la política fiscal para estimular el alquiler y la rehabilitación de vivienda. Todos los grupos respaldaron también la idea de esta coalición de reclamar los medios necesarios para evitar desahucios o ejecuciones hipotecarias de familias con menores.

Por unanimidad y a propuesta de EH Bildu se aprobó que la modificación de la ayuda conocida como 'prestación complementaria de vivienda', prevista en la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), no suponga recorte de derechos y que a las personas que ahora la perciben «se les reconozca automáticamente el derecho» a recibirla.

65.027 familias están inscritas en Etxebide como demandantes de vivienda; son 12.788 más que hace año y medio

Estas son las principales resoluciones adoptadas en una larga sesión en la que, en términos generales, los grupos dieron su plácet al plan presentado por Iñaki Arriola. En su intervención, el consejero puso el acento en su decidida intención de «impulsar el parque público de alquiler para poder garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades».

Hasta 20.000 euros de renta

En este sentido, recordó que, a fecha 31 de marzo, 65.027 familias están inscritas en el registro de Etxebide como demandantes de vivienda. «Son 12.788 más que hace año y medio. Ocho de cada diez se inclinan por el alquiler frente a la compra, al revés de lo que ocurría antes de la gran recesión. Esta opción abrumadora se explica porque el 84% de los demandantes ingresa un máximo de 20.000 euros. Con ese dinero difícilmente cabe vivir e hipotecarse», incidió el consejero.

Arriola también se refirió a su decisión de diversificar las características de los destinatarios de pisos de alquiler protegido «para promover la cohesión social, de modo que cada edificio sea una muestra de la diversidad de nuestra sociedad, evitando la aparición de guetos». Y es que más del 90% de las solicitudes corresponden a familias con varios hijos y salarios bajos, un perfil dominante entre los inmigrantes.

El consejero también destacó la apuesta por potenciar la rehabilitación de pisos porque el envejecido parque de viviendas de Euskadi va parejo del envejecimiento de la población, con lo que urge renovarlo «sobre todo para garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética». En este punto, el PP insistió en la importancia de impulsar la instalación de ascensores «para que las personas mayores permanezcan en sus casas el máximo tiempo posible».