El Parlamento descarta crear una comisión de investigación sobre el papel de las instituciones en el 'caso Bernedo'

Los grupos con representación en la Cámara de Vitoria han rechazado su propuesta, aunque han aprobado un documento alternativo impulsado por los partidos que sustentan el Gobierno, PNV y PSE, en el que expresan su «más absoluto rechazo y condena a los hechos denunciados en el campamento». Asimismo, muestran «tolerancia cero» a cualquier acto que vaya «en contra de la dignidad y de los derechos de la infancia y de la adolescencia».

La diputada popular Laura Garrido ha subrayado que el Ejecutivo autonómico «no actuó de forma eficaz» y que, «tras pasarse la pelota» una vez que salieron a la luz las denuncias de las familias, que aseguran que los menores eran obligados a utilizar duchas mixtas, siguen sin ofrecer «una respuesta». «Ha habido una pasividad palpable y hay muchos interrogantes en relación a la inacción absoluta de las administraciones y de la asunción de responsabilidades», ha asegurado antes de denunciar «una connivencia con comportamientos que están bajo el paraguas de una ideología concreta».

En ese sentido, el representante de Sumar, Jon Hernández, ha afeado al PP «usar políticamente» a los menores para lanzar «discursos de odio, señalar colectivos de manera generalizada o hablar de adoctrinamientos políticos». El parlamentario ha querido «dejar muy claro» que «ningún menor debería vivir una experiencia que le genere miedo, desconfianza o desprotección», por lo que ha manifestado «toda nuestra solidaridad y apoyo a los niños y familias afectadas por los hechos de Bernedo». También ha exigido una «responsabilidad política» porque «las instituciones han fallado», aunque ha afeado a los populares que «proteger a la infancia» les sirva «para atacar la diversidad y a los rivales políticos de manera chusca».

Los socialistas, a través de Pau Blasi, además de expresar el «apoyo y solidaridad» a los menores, ha mostrado su «confianza en la justicia», así como «en las instituciones», un sistema que «ante una situación grave, pero con fallos, está tomando medidas para aclarar lo ocurrido». El parlamentario ha defendido que «no ha habido indolencia ni pasividad de la administración», si bien es necesario un «debate honesto y sincero» para abordar las necesidades en «un sistema», el del ocio, «variado y difícilmente controlable».

El jeltzale Aitor Urrutia, además de refrendar las palabras de su socio, ha subrayado la importancia de que sea un «juez» el que determine las responsabilidades «del tipo que sea». Eso sí, ha lamentado que «por cualquier crítica a este campamento transfeminista se le puede llamar a uno fascista». El representante del PNV ha puntualizado que «en este país nos conocemos todos» y que el udaleku «se sitúa en el entorno de la izquierda abertzale», que quiere «aplicar una especie de omertá, de silencio, que hemos visto en más de un caso». «No quisiera pensar qué pudiera pasar si este tema hubiera afectado a la Iglesia o al Partido Nacionalista Vasco», ha cuestionado.

En EH Bildu entienden que se está «hablando de un tema tan complejo y delicado» como el de Bernedo en la Cámara de Vitoria «por la influencia de la ultraderecha», que «ha utilizado» este tema «a costa de la protección y los intereses de las personas menores de edad». En palabras de Eraitz Saez de Egilaz, los «discursos de odio» y el «linchamiento no se pueden volver a repetir». La parlamentaria ha subrayado que «estos hechos tienen que ser investigados sin ninguna duda», algo que debe hacerse «lo antes posible, respetando los derechos de todas las partes». Y esa labor, ha incidido, corresponde a la Ertzaintza y a la justicia, un espacio en el que, ha dicho, «no es de recibo que se queden en un limbo jurídico».