Ocho exmilitares que trabajan en Renfe, 'retenidos' en Euskadi

Esta decisión ha levantado ampollas y derivado en un enfrentamiento sindical. Los afectados recurrieron a la Justicia al considerar que están siendo discriminados respecto a los restantes integrantes de la plantilla. La Audiencia Nacional les ha dado la razón: tienen derecho a participar en el proceso de «movilidad geográfica». Pero, de momento, no está claro si van a poder acercarse a sus domicilios, dado que Renfe, según indicaron fuentes sindicales, ha recurrido la sentencia.

El problema, explican los medios consultados, es que para cuando llegue el pronunciamiento del alto tribunal habrán cumplido ya con su periodo de permanencia, pero tendrán «muchas menos opciones» de hacerse con una plaza «en propiedad» cerca de sus familias, que viven en comunidades como Galicia o Andalucía; incluso menores que los trabajadores que llevan menos tiempo en la empresa.

Los implicados son 29 antiguos militares que se ocupan de labores de mantenimiento, ocho de los cuales están en Euskadi -tres de ellos permanecen de baja en la actualidad por estrés-. Todos accedieron a compañías públicas encargadas de la infraestructura y el transporte ferroviario en una convocatoria organizada por varios ministerios para facilitar la integración laboral de miembros del Ejército que se encuentran en la recta final de sus carreras militares.

Este tipo de concursos «no son muy frecuentes». Pero, a pesar de que las bases de la convocatoria eran las mismas para cualquier aspirante, a ellos les sometieron a condiciones distintas. Lo habitual es que la permanencia en los puestos de trabajo de los nuevos contratos sea de un año. En el caso de los exmilitares, les impusieron una restricción de 36 meses para poder acceder a la denominada movilidad geográfica.

El conflicto estalló cuando se hizo pública la convocatoria para que los empleados de Renfe pudiesen optar a una plaza mejor. En principio, el Sindicato Ferroviario se opuso a la OPE específica para los militares, al entender que la «responsabilidad» de su recolocación competía en exclusiva al Ministerio de Defensa. A su juicio, las instituciones son las que deben velar por buscar una «solución» a los «profesionales» que, «al llegar a una cierta edad», quedan «abandonados a su suerte con una mísera prestación».

Sin embargo, después de que el colectivo aprobase el proceso selectivo, esta misma central ha sido la que ha defendido que se les trate «como al resto de los trabajadores» de la compañía. De hecho, optó por recurrir a los tribunales para garantizar sus derechos. Y, en este contexto, florecieron los enfrentamientos sindicales. Organizaciones mayoritarias les acusan de haber perjudicado con sus demandas a unos 700 aspirantes por los intereses de 29 de ellos. Mantienen que los procesos judiciales solo alimentan la incertidumbre de que, tras el fallo de la Audiencia Nacional, se paralicen los traslados de «una gran mayoría» por los intereses de «unos pocos».

«Nos están señalando con el dedo -explica uno de los antiguos militares afectados-. Solo estamos defiendo los derechos que tienen el resto. Pensaban que por venir del Ejército iban a poder hacer con nosotros lo que quisiesen y que no íbamos a protestar por nada. Pero lo cierto es que únicamente queremos las mismas oportunidades que el resto».

29antiguos militares son los afectados, ocho de los cuales están en Euskadi y tres de ellos permanecen de baja en la actualidad por estrés.