Los obispos piden elecciones anticipadas para salir del «bloqueo institucional»

Los obispos hacen suya la propuesta del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, de adelantar las elecciones ante el presunto caso de corrupción que ha aflorado con el informe de la UCO sobre el dirigente del PSOE Santos Cerdán. Para el secretario general del episcopado, César García Magán, la convocatoria de elecciones es una «salida al bloqueo institucional». «Lo que ha puesto el presidente encima de la mesa es algo tan importante como el bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española», dijo García Magán, que subrayó que la Constitución «prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de la política democrática», entre los que evocó la moción de censura o la cuestión de confianza.

El secretario y portavoz de los obispos recalcó que «la corrupción es uno de los cánceres de una democracia, porque, sea del color que sea, mina los pilares de una democracia entendida como el gobierno del pueblo». A su entender, este tipo de comportamientos representa, por añadidura, una «puerta de entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo».

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, García Magán apeló a la necesidad de superar tentaciones electoralistas o basadas en el cálculo político a corto plazo. Aunque no existe entre los obispos una posición oficial al respecto y el asunto no ha sido tratado durante el encuentro, el líder episcopal apoyó las recientes declaraciones de Argüello, quien alegó que «ver al presidente del Gobierno pidiendo perdón es un gesto humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante».

Recordó que «no es la primera vez que los dirigentes eclesiales se pronuncian sobre cuestiones políticas y sociales». «En momentos especiales de España, hay hasta documentos muy sólidos sobre la situación general política y social». Adujo que ello no equivale a que la Iglesia «baje al juego de la política con minúscula». «En una democracia, que es el gobierno del pueblo no baja al nivel de partidismo. Entre otras cosas, porque la Iglesia no tiene un partido político, ni ningún partido puede presentarse con la etiqueta de ser un partido de la Iglesia».

García Magán exhortó a los ciudadanos a no establecer como categoría absoluta la idea de que todos los políticos son iguales. Ello supondría hacer «un trazo de brocha gorda» y entrar en claves populistas.

La declaración del portavoz de los obispos fue rápidamente contestada por el Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal en la que le recuerda que la institución jamás se pronunció sobre los casos de corrupción que afectaron al PP.

El político socialista resalta en el escrito que «no es la primera vez en nuestra historia reciente en la que se produce una comunión espiritual y política entre la organización que usted preside y los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha». «Basta recordar el papel preponderante de algunos de sus predecesores, junto a estos partidos, en la organización de manifestaciones contra la aprobación de derechos como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo», sentencia Bolaños.

En la carta, arremete contra la Iglesia y asegura que comprende que los mitrados prefieran una mudanza en el color político del Ejecutivo. «Puedo entender también que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que los debates sobre la reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o la tipificación como delito de las llamadas ‘terapias de conversión’ sean más fáciles de abordar para ustedes o no se aborden en absoluto».

Bolaños censura a la cúpula eclesial que guardara silencio sobre la corrupción cuando era el PP el que la protagonizaba y reprocha a Argüello que participara en un acto con Vox, partido con el que comparte «una agenda que promueve la supresión de derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI».

El titular de Justicia se despacha con acritud contra la curia española y señala que el PSOE, a diferencia de otros, no trata de extender con un manto de silencio hechos delictivos graves. «Quiero transmitirle un elemento de tranquilidad: en el caso sobre el que sí se han pronunciado se han asumido responsabilidades políticas desde el principio, se ha apartado a las personas sobre las que recaen graves indicios y estamos trabajando para evitar que se reproduzcan estos hechos, en lugar de intentar ocultarlos a la sociedad o a la Justicia».

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