De la familia numerosa a la múltiple, rural o transnacional

La Ley de Familias reconoce esta diversidad con un despliegue inédito de categorías, a las que dota de reconocimiento jurídico y distintos niveles de «protección social». Describe una decena de perfiles, aunque algunos se solapan, y pone el acento tanto en la identidad como en las necesidades económicas, la conciliación y las personas vulnerables.

Entre las medidas de carácter general, destaca la prestación por crianza de 100 euros al mes para las familias con hijos de 0 a 3 años. No llega a ser universal, pero el departamento que dirige Ione Belarra calcula que beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres. Por ejemplo, las que tienen un trabajo temporal o cobran prestación por desempleo. También se crean tres permisos de cuidados: uno de cinco días al año, retribuidos; el parental de ocho semanas (no remunerado), que podrán disfrutarse de manera continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años, y un tercero por imprevistos y urgencias que será de cuatro días retribuidos al año.

La última norma aprobada sobre esta materia es la Ley de Protección a las Familias Numerosas de 2003. El nuevo marco supondrá cambios importantes, aunque no tantos como se esperaba. El borrador inicial contemplaba un permiso por cuidado retribuido de hasta siete o nueve días (si suponía un desplazamiento a otra comunidad autónoma) y han quedado en cinco. Unidas Podemos también ha renunciado a ampliar hasta seis meses los permisos de maternidad y paternidad.

Aunque no ha provocado tantas tensiones entre los socios de gobierno como la Ley Trans o la del 'solo sí es sí', la formación morada ha reprochado en ocasiones a los socialistas la situación de «bloqueo» de la norma, cuya tramitación se ha retrasado, y el intento de «rebajar» su alcance.

El estudio de la diversidad familiar debe incluirse en materiales educativos y actividades complementarias. Los padres no podrán negarse a que sus hijos reciban esta formación, ya que se prohíbe de forma expresa el pin parental. Según la memoria económica, el impacto de la ley asciende a 628 millones de euros anuales. Además de la familia biparental, ya sea matrimonio o pareja de hecho –cuyos derechos de equiparan y disfrutarán de 15 días de permiso cuando se constituyan– el anteproyecto describe otros modelos de convivencia.

Uno de los cambios fundamentales es que la ley acaba con la categoría de familias numerosas tal como la conocíamos. Pasa a formar parte de un grupo más amplio, el de los hogares «con mayores necesidades de apoyo a la crianza», donde también se incluyen las monoparentales con dos hijos. Se calcula que a las 750.000 familias numerosas que hay en España se sumarán otras 300.000.

Asimismo, se pretende ofrecer el mismo amparo a otras familias con dos hijos en situaciones desfavorables. Por ejemplo, cuando la cabeza de familia sea una mujer víctima de violencia machista y cuando uno de los progenitores esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión. Ese mayor nivel de protección se traducirá en ayudas económicas, derechos de preferencia para conseguir becas y en el acceso a viviendas protegidas, bonificaciones en el transporte y en las entradas a los museos o un bono social para pagar la luz.

La Federación de Familias Numerosas ya ha expresado su desacuerdo con la desaparición de esta histórica categoría, que se ha regulado de distintas formas de 1941. En su opinión, el cambio responde a «cuestiones ideológicas» y el apoyo a las familias monoparentales se puede canalizar de otra manera. Incluso ha iniciado una recogida de firmas para impedir que este modelo sea «borrado» de la ley, al menos como epígrafe.

Cuando hay una única persona al frente de la familia –madres solas con hijos en más de un 80% de los casos– la ley garantiza «que sus integrantes no queden en situación de desventaja». Contempla un título acreditativo de validez estatal y una «acción protectora específica». Sin embargo, esto no es suficiente para la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE). Recuerdan que el 70% de los hogares monoparentales solo tiene un hijo y piden que se les incluya en su totalidad dentro del apartado de familias con mayores necesidades de apoyo. En caso contrario, creen que pueden quedar «desprotegidas».

Las familias en situación de vulnerabilidad con menores a su cargo dispondrán de una «protección especial». La ley detalla que «se promoverá su derecho a la vivienda y se tomarán medidas en el ámbito educativo, como facilitar la elección del centro que haga posible la conciliación». También recoge exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos y medidas de protección especial frente a los desahucios y la pobreza energética. A las personas con discapacidad o dependencia se les garantiza «igualdad de trato y de oportunidades».

En los núcleos familiares en los que al menos una persona pertenezca a alguno de los colectivos LGTBI (personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales o pertenecientes a otras minorías sexuales o de género) o cuando la pareja esté formada por dos personas «del mismo sexo o género», el texto legal resalta la necesidad de adoptar medidas de «prevención de discriminación» y contempla el derecho a solicitar prestaciones sociales para facilitar la conciliación y corresponsabilidad.

Otro apartado específico reconoce la diversidad de los modelos de convivencia que se generan con el paso del tiempo y las decisiones vitales. Cuando los dos miembros de la pareja aportan hijos de uniones anteriores, se forma una familia reconstituida. También se prevé «un nuevo marco de reconocimiento y protección» para aquellas «en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples». Las familias de acogida contarán siempre con «asesoramiento y atención».

Las políticas migratorias «deben tener en cuenta los lazos familiares» de las personas migrantes para permitirles elegir si mantienen la relación transnacional o apuestan por la reagrupación familiar, «especialmente en el caso de niños y adolescentes separados de sus respectivas familias». La ley contempla también otros perfiles como las familias interculturales, cuyos miembros proceden de entornos culturales o étnicos diferentes, y describe situaciones de ida y vuelta. Los emigrantes retornados contarán con un «apoyo activo» que se traducirá en medidas de integración social, laboral, económica y educativa.

La Administración deberá tomar medidas para garantizar a las familias residentes en el medio rural el acceso a los recursos y servicios que necesiten, sobre todo en el ámbito educativo. Se apoyará el asentamiento de población en estas zonas con incentivos fiscales y otras medidas. Las políticas en el medio rural tendrán especial sensibilidad con la perspectiva de género, debido al alto porcentaje de mujeres que realizan labores de cuidados y participan en la gestión de explotaciones agrarias familiares.