Las niñas menores de 15 años concentran el 89% de los abusos sexuales en la infancia en Euskadi

Niña, menor de 15 años y agredida por un varón de su entorno más cercano. Es el retrato de las víctimas de abusos sexuales en la infancia que dibuja Save The Children, en base a 88 sentencias judiciales con 108 víctimas dictadas entre 2019 y 2024 en Euskadi. La organización, en su último informe sobre pederastia, expone también la necesidad «urgente» de crear juzgados especializados en infancia y de «reducir» la duración de los procesos judiciales para que los afectados puedan «comenzar su sanación».

El estudio, que también analiza una muestra de 345 resoluciones a nivel estatal, dibuja un perfil de las víctimas y de los abusadores en el que se aprecia una «mayor vulnerabilidad» entre las niñas. Nueve de cada diez afectadas en la comunidad autónoma eran chicas, y el 88% tenían menos de 15 años.

El acusado era en todos los casos un hombre, y, generalmente, cercano a la víctima. Casi la mitad de los autores era un familiar o la pareja de la madre, y otro 30% entrenadores, monitores u otros conocidos. De ahí que el 80,7% carecieran de antecedentes y que, de los 16 que tenían causas previas, solo 3 habían sido acusados anteriormente por hechos de la misma naturaleza. La edad de las niñas varía además «en función del perfil del agresor», puntualiza el documento. En los casos en los que el delito procede del entorno familiar, la media es de 12 años, frente a los 13 cuando el autor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida.

Lo que es una tónica, lamentan desde Save The Children, es «la revictimizacón». «La gran mayoría de procesos se van a más de dos años, tiempo en el que tienen que repetir delante de diferentes personas lo que han sufrido, con una victimización terrible; es devastador, porque no pueden empezar a trabajar en su sanación», expone Irati Álvarez, técnica de Incidencia Social y Política de la entidad en Euskadi. Además, en el proceso puede que «el relato varíe, lo que se conoce como contaminación del relato, y que no se consiga una condena».

En ese sentido, de las casi noventa sentencias estudiadas en el País Vasco, hubo trece absolutorias, casi un 15%. Y la «falta de pruebas», en muchos casos al no aceptar como válida la declaración del menor, es la principal razón por la que los acusados no fueron condenados. De hecho, nueve de cada diez denuncias ni siquiera llegan a esa fase y quedan archivadas o sobreseídas durante la instrucción, según el informe específico elaborado por el Parlamento vasco.

Si la prueba constituida –la grabación del testimonio del menor para preservar su relato– «es aceptada» por el magistrado, las sentencias suelen ser «condenatorias». Sin embargo, los jueces no siempre admiten esas pruebas porque, en ocasiones, «no están bien hechas». «Ha habido casos en los que las cámaras no tenían un buen enfoque y grababan más a la pared que al meno», explica.

Por eso, apuestan por el modelo Barnahus, creando «espacios con personal profesionalizado, todo bajo un mismo techo, en el que se hace la prueba preconstituida una única vez». «En Cataluña, desde que está en marcha, se han reducido los casos sobreseídos de un 57,4% a un 36,4%», puntualiza. En Euskadi, el primer servicio de este tipo está previsto que abra en Vitoria este año