La multa que te caerá por fumar en la playa con la nueva ley de residuos

La nueva ley de residuos que se vota hoy en el Congreso tiene como objetivo reducir los índices contaminantes del país. A la ya conocida prohibición del uso de plásticos de un solo uso, como pajitas, bastoncillos o cubertería desechable, el borrador incorpora multas por fumar en la playa. Esta práctica, una vez que se aprueba el decreto, quedará totalmente prohibida con sanciones que pueden llegar a los 2.000 euros.

La ley, que debería haber entrado en vigor en julio para cumplir con la directiva europea, ha recibido 742 enmiendas. Tras su paso por la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, el dictamen que se vota hoy en Pleno mantiene otros artículos como la obligación de ofrecer agua gratis en bares y restaurantes, el cobro por los envases plásticos de comida para llevar en 2023 o un impuesto al plástico. Un texto sobre el que votaron a favor PSOE y Unidas Podemos, PNV, Más País y Teruel Existe, mientras Vox y ERC votaron en contra. PP, Cs y Bildu se abstuvieron. Según explica el diputado del PP, José Ángel Alonso, los partidos de Gobierno han aprovechado para incluir medidas que penalizan a las empresas, pero la ley «es necesaria para cumplir con Europa y conseguir fondos europeos».

Se limita por primera vez los plásticos de un solo uso. Según los cálculos del Gobierno, el consumo deberá caer un 50% en 2026 y un 70% en 2030. ¿Cómo lograrlo? El agua será gratis en los bares para evitar la compra de botellas, se prohibirán las pajitas y se fomentará otras alternativas más sostenibles. También se empezará a cobrar por el uso del tupper desde 2023.

Otra de las claves para evitar tirar plásticos al suelo es pagar por ello. El vendedor cobra a sus clientes una cantidad por cada envase y los consumidores finales solo podrán recuperar el dinero si devuelven la botella. De este modo se pretende recuperar en 2023 el 70% respecto al peso introducido en el mercado; y en 2027, el 85%.

De ser aprobada, la ley creará dos nuevos impuestos 'verdes': uno indirecto de 0,45 euros por kilogramo sobre los envases de plástico de un solo uso y un canon nacional de vertido. El primero, ampliamente criticado por el sector ya que supondrá más de 500 millones extra en gravámenes, entrará en vigor el 1 de enero de 2023, después de ser aprobada una enmienda del PP para dar una moratoria de un año a las empresas. El segundo extenderá un impuesto que ya tienen algunas comunidades al uso de los vertederos, dándole carácter nacional –previsiblemente se transferirá a las comunidades autónomas–, en un intento por suprimir el «turismo» de residuos.

Aunque en un texto anterior al que se debate hoy se hablaba directamente de prohibir fumar en las playas a partir de la entrada en vigor de la ley, la competencia de limpieza de estos espacios recae en los ayuntamientos. Por ello, el dictamen finalmente contempla que, a partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos «podrán regular las limitaciones de fumar en las playas» para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino.

La introducción de esta medida parte de una enmienda de Más País-Verdes Equo, aunque la última estrategia antitabaco del Gobierno ya recomendaba a los ayuntamientos impulsar las playas sin humo. Ahora el borrador llega incluso a fijar el carácter de las sanciones. Las multas podrán ser de hasta 2.000 euros.

Entre las nuevas medidas que se contemplan para evitar las plásticos desechables, el texto ha incorporado que, a más tardar el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos a granel o con envases reutilizables. Además, los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos o alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, táperes o botellas para llevárselos.

Los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de un año y tendrán que elaborar un calendario de retirada. Los lugares públicos con mayor riesgo para la población por contener amianto deberán estar gestionados antes de 2028.

La nueva ley de residuos marcará un antes y un después en la sociedad. Tiene como objetivo fomentar el reciclaje de plásticos y eliminar la mayoría de su uso, aunque la medida que más impacta es la prohibición de fumar en las playas. Será competencia de los ayuntamientos el multar o no, pero lo que antes era algo habitual ahora puede suponer una sanción de hasta 2.000 euros.

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