Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza

En octubre de 2024 La Pau salió de manera precipitada de los contratos que prestaba para el Gobierno vasco desde hacia cinco años, tras una fuerte polémica por los impagos a la plantilla (los trabajadores reclaman 3,5 millones de euros) y diversas deficiencias detectadas tanto por la Inspección de Trabajo como por la propia Osakidetza.

El pleito que acaba de perder la cooperativa con sede en Badalona evidencia la política agresiva que desplegó para introducirse en Euskadi y cómo no dudaba en aplicar medidas de ahorro que muchas veces sobrepasaban los límites legales. En el caso de la sentencia, los magistrados han constatado que La Pau utilizó ambulancias adscritas a Osakidetza para destinarlas a concursos que ganó en Barcelona y Tarragona.

La empresa había desplegado en Bizkaia 222 vehículos sanitarios y 64 en Álava y pretendía mover unidades entre el País Vasco y Cataluña, según las necesidades que fueran surgiendo. El problema está en que, para desbancar a sus competidoras en la licitación que había sacado el Gobierno vasco, la compañía de Badalona se había comprometido en su oferta a que 213 y 55 de esas ambulancias trabajarían en exclusiva en territorio vizcaíno y alavés.

En concreto, la resolución judicial determina que La Pau planeaba detraer vehículos usados en Euskadi para cubrir necesidades en varios acuerdos con mutuas como Umivale Activa Maresme (Barcelona), Fraternidad Muprespa Barcelona y Egarsat Colectivo Catalunya. Estos movimientos fueron detectados por Osakidetza en febrero de 2024. El organismo público impuso entonces una sanción a La Pau de 838.470 euros. La mercantil con sede en Badalona se negó a pagar y el caso llegó a los tribunales, donde se ha discutido un importe de 679.000 euros que finalmente es el que va a tener que abonar.

La compañía catalana pidió a los jueces que anularan la multa. Para ello esgrimieron varios argumentos. Entre ellos, que su oferta «no contemplaba compromiso alguno» de exclusividad, algo que «no estaba previsto en el pliego de condiciones». Sus abogados insistieron en que «en el contrato firmado, en ningún momento» se recoge que las ambulancias no puedan salir de Euskadi.

Frente a esta postura, Salud sostiene que en la valoración del concurso se otorgó la máxima puntuación posible a La Pau en el apartado de flota, porque los vehículos iban a prestar un servicio con tanta amplitud horaria y tal cantidad de unidades que esto, en la práctica, impedía cualquier movimiento fuera de Euskadi.

Los jueces llegan a la conclusión de que la lectura de la oferta de la empresa catalana «parece indudable» que hay una exclusividad de 55 y 213 ambulancias. Para los magistrados, el hecho de que esos vehículos hayan sido ofrecidos en otros concursos supone ya «un incumplimiento contractual» merecedor de la multa. El TSJPV afea la conducta del grupo La Pau. Da por buena la versión de Salud de que hay mala fe y, además de fallar a favor del Gobierno vasco, condena en costas a la empresa de transporte sanitario.

¿Cobrará ahora el dinero la consejería de Salud del Gobierno vasco dirigida por Alberto Martínez? La Pau debe dinero a Hacienda y otras entidades, pero el Ejecutivo autonómico tiene 12,5 millones retenidos en concepto de garantías por los contratos firmados. Fuentes de Salud sostienen de que, en el caso de que haya impagos, se descontarán esos 679.000 euros de las fianzas depositadas.