Más de la mitad de las 9.205 quejas que llegaron al Ararteko en 2018 estaban justificadas

Manu Lezertua ha comparecido este lunes ante el Parlamento vasco. /
Manu Lezertua ha comparecido este lunes ante el Parlamento vasco.

Las administraciones han corregido su fallo en el 84% de las «actuaciones incorrectas», la mayoría sin que hubiera una recomendación formal

Jesús J. Hernández
JESÚS J. HERNÁNDEZ

El balance del Ararteko de 2018 refleja un leve incremento de las reclamaciones en las que la Administración había actuado de manera «incorrecta». De los 9.205 ciudadanos que hicieron llegar sus quejas al Defensor del Pueblo vasco, más de la mitad estaban justificadas. Representan el 53% del total, mientras que en 2017 suponían el 48%. Es una de las conclusiones que se extraen del informe que el propio Manu Lezertua desgranó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento de Vitoria. El incremento total de las quejas continúa su imparable crecimiento un año más y la cifra del ejercicio pasado es un 70% más que en 2010.

«La administración afectada ha corregido la actuación que originó la queja en el 84% de los casos y en la mayoría de ellos no ha sido necesaria formular una recomendación formal», ya que suelen aceptar «el planteamiento» que esboza el Ararteko en un primer momento. Un porcentaje que se reduce hasta el 68% en el caso de los expedientes de la consejería de Empleo y Políticas Sociales, que gestiona Lanbide y la Renta de Garantía de Ingresos. La RGI sigue siendo, como en años anteriores, el motivo que lleva a más vascos hasta la puerta del Ararteko. La parlamentaria Tinixara Guanche, de Podemos, mostró su preocupación. «¿Por qué se repiten año tras año casos similares?», se preguntó. Lezertua lo atribuye a que «no se han seguido las recomendaciones. Teníamos esperanzas de que eso cambiase con la nueva ley. No hay base legal para algunas de las decisiones que se toman en relación al cálculo de ingresos de la RGI o a las salidas unos días de la comunidad autónoma, que suelen implicar la suspensión».

61%
es el porcentaje de expedientes relacionados con el Gobierno vasco. La mayoría tiene que ver con Lanbide y la gestión de la RGI.
Manu Lezertua
presentará en 2020 un informe extraordinario sobre temas de igualdad

En los asuntos que generan una mayor carga de trabajo, la oficina del Defensor del Pueblo vasco tiende a «actuar de oficio, agrupando los casos». La duración media de sus procedimientos es de 57 días. Además de las quejas, el Ararteko gestionó 4.950 peticiones de asesoramiento el año pasado. El Gobierno vasco concentra el 61% de los expedientes, el 26,9% se refiere a los ayuntamientos y un 10,22% a las diputaciones. La Justicia supone el 0,34% y el Gobierno central el 0,25%.

Menores víctimas de abusos

Las causas son muy variadas, desde inclusión social, educación y sanidad, hasta inmigración o vivienda. «Les daré una pequeña primicia. En 2020 haremos un informe extraordinario con temas de igualdad», adelantó Lezertua. En paralelo, continuará trabajando en medidas de protección para los menores víctimas de abusos, una materia sobre la que el Parlamento vasco ha anunciado la creación de una ponencia. Varios grupos le invitaron a participar en ella. Los expertos calculan que esta lacra compromete la infancia de uno de cada cinco niños, aunque la mayoría no llega a denunciar. Entre los motivos está un largo proceso judicial que se pretende agilizar.