En activo y sin destino el soldado y el guardia civil de La Manada

Alfonso Jesús Cabezuelo, en libertad provisional, acude a un juzgado de Sevilla para firmar./Pepo Herrera (Efe)
Alfonso Jesús Cabezuelo, en libertad provisional, acude a un juzgado de Sevilla para firmar. / Pepo Herrera (Efe)

El Gobierno añade una sanción interna que les priva de parte del sueldo, mientras que 750 jueces denuncian «linchamiento»

DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

Al cumplirse seis meses desde la suspensión de servicio, pero sin que haya condena firme por «abuso sexual», los dos miembros de La Manada que pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado y al Ejército han pasado de una situación de «suspenso de funciones con cese en el destino» a otra «activa».

Uno de ellos, Alfonso Jesús Cabezuelo, es miembro de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y autor de uno de los siete vídeos sobre el asalto sexual de Pamplona. Durante su estancia en la prisión de Alcalá Meco (Madrid) cobraba el sueldo base de soldado. Este martes, el Ministerio de Defensa publicó en su boletín oficial que Cabezuelo, nacido en 1988, «cesa en la situación de suspensión de funciones y pasa a servicio activo pendiente de asignación de servicio en Sevilla». Antes estuvo destinado en la base de Morón de la Frontera. Al conocerse la noticia, portavoces del ministerio se apresuraron a matizar que esta resolución era inevitable y que, sin embargo, se le prohibía «solicitar y obtener destino» hasta la sentencia firme, amparado en el artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar. Valora, para esta determinación, «los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio».

El otro miembro de La Manada con permiso para portar arma y entrenamiento policial es Antonio Manuel Guerrero, guardia civil recién egresado de la academia y quien trató de sacarse el pasaporte a pesar de la prohibición de salir del país. Al igual que su compañero, pasa a situación «activa» sin asignación de destino. Antes de ir a los Sanfermines cumplía servicio en una pequeña población de Córdoba y hasta esta semana estuvo en «suspensión de empleo». Si se confirmara la condena, considerándose su comportamiento una «falta muy grave», Guerrero, de 29 años, podría ser suspendido por un máximo de seis años o expulsado.

No es baladí la resolución de los altos mandos -en el caso del soldado, la decisión solo la podía tomar la propia ministra de Defensa, Margarita Robles- de dejar sin destino tanto al soldado como al guardia civil. Aunque Cabezuelo «queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra», y sigue adscrito a la subdelegación de Sevilla, podría quedar al margen de las «especiales circunstancias y servidumbres en su desempeño profesional». Tener destino aumentaría el sueldo básico de unos 1.100 euros con el cobro de las pagas extraordinarias y ayuda para vestuario. Sí se le respetará «la antigüedad» para los posibles ascensos, desde finales de 2008.

En el caso del guardia civil Manuel Guerrero, pierde gran parte de su remuneración. Un guardia civil, al acabar la formación, comienza a cobrar según su destino. Desde los 1.450 euros en la península hasta los 1.550 euros en Canarias. Sin destino, su sueldo rondaría los 900 euros al mes.

Gravísima amenaza

Mientras los ministerios se apresuraban a fijar posición frente al nuevo régimen del soldado y el guardia civil, un grupo de jueces denunciaba ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos un «linchamiento público» al juzgado de la Audiencia de Navarra que juzgó a La Manada. Respaldado por unas 750 firmas, el escrito asegura que existe una «gravísima amenaza» por ««ataque a la independencia y la legitimidad del Poder Judicial», «con la complicidad y el aliento de políticos» y «agravada por nuevos titulares de prensa». Consideran que el Consejo General del Poder Judicial no ha actuado con la contundencia necesaria.

«Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Legislativo», debido a que la decisión judicial «no se ha ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión», lamentan en esta iniciativa de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, surgida en mayo. A dicha reclamación han adjuntado la sentencia, de 370 folios, debido, sobre todo, al voto particular del magistrado González, en que se permite una serie de frases en referencia a la víctima, que despertaron indignación social y marchas callejeras. «Soy consciente de la extensión inusual que va a alcanzar este voto particular» y justifica su «mayor esfuerzo valorativo en el que entiendo no solo justificado, sino necesario, sacrificar la síntesis».

De la falta de contención del juez, despectivo hacia la víctima, nada dice la queja del resto de jueces. El denunciado «acoso» al Poder Judicial se restringe, sobre todo, a los políticos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que criticaron el fallo, aunque también, y en el mismo tuit, decían acatarlo.

ERC responsabiliza a Robles de la vuelta al servicio del militar de 'La Manada'

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha responsabilizado directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la vuelta al servicio activo del militar de 'La Manada'.

«Nos parece absolutamente vergonzoso que alguien con la trayectoria y personalidad de Robles se pliegue a según qué cosas», ha declarado Rufián en el Congreso, pidiendo la comparecencia urgente de la ministra para explicar «qué tipo de compromisos la lleva a readmitir a un violador».

Defensa ha explicado que la vuelta de Cabezuelo al servicio activo «se produce de manera automática en aplicación de la ley» y que no lo podía evitar, pero ha asegurado que no le asignará destino. Rufián sostiene sin embargo que la readmisión del militar dependía de la ministra de Defensa y por ello exige su comparecencia. «Es un hecho gravísimo la readmisión en la carrera militar de uno de los salvajes que está condenado por violar a una mujer», ha insistido.

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