«A lo mejor un hombre tiene que imaginarse ante cinco supermatones para entenderlo»

En el corazón del caso se encuentra el concepto de consentimiento. Frente a la salvaje violación en grupo denunciada por la víctima, las defensas están presentando los hechos como un acto sexual voluntario, que puede resultar más o menos chocante o desagradable pero no atropella la libertad de la mujer. No se discuten matices, sino la esencia de lo ocurrido. A partir de ahí, todo lo que se ha sabido del juicio a puerta cerrada ha llegado al exterior por partida doble, como si cada prueba o cada testimonio reforzase la postura de ambas partes.

«Sin conocer en profundidad todo el sumario, es imposible emitir una opinión sobre la existencia o no de consentimiento. Nadie debería hacerlo, porque es competencia exclusiva y privada del tribunal. Ni siquiera el Supremo, salvo algún caso, puede revisar la valoración hecha por el tribunal juzgador sobre esta cuestión», argumenta el abogado Félix Rojo, que hace hincapié en la «enorme casuística» de los delitos contra la libertad sexual. No obstante, enuncia algunos principios generales: «El no consentimiento debe exteriorizarse con palabras o actos. La ‘vis compulsiva’, es decir, el ceder para evitar un mal mayor, anula el consentimiento aunque no haya resistencia: la ley no exige que la víctima sea una heroína o un héroe. La exteriorización de la negativa ha de ser clara y sin matices. Y, en caso de consentimiento válido, si la secuencia de los actos deriva a derroteros bruscos, el consentimiento debe ser renovado».

El juicio a ‘La manada’ ha coincidido con un periodo de profunda reflexión en todo el mundo acerca de estas nociones, con numerosas denuncias contra hombres en posición de poder (cineastas, políticos, profesores, médicos...) que se han aprovechado de esa ventaja con fines sexuales. Para Adela Asua, catedrática de Derecho Penal de la UPV y exvicepresidenta del Constitucional, casos como el de Pamplona ponen de relieve las «inercias» de nuestra forma de pensar, que a menudo va por detrás del Derecho. «El delito está en convertir a una persona en objeto de otra. Tenemos muchas imágenes antiguas que nos remiten a la honra, la honestidad y la resistencia, que son de tiempos pasados.

Eso ha cambiado, pero no hace demasiado: es al final del siglo XX, con el Código de 1995, cuando los delitos sexuales se denominan como delitos contra la libertad sexual. Lo que importa es saber si se ha forzado la libertad, y hay distintas formas de obligar: por la fuerza, pero también con la intimidación, que es la amenaza de una fuerza inmediata. En los robos, se habla de intimidación cuando entre cinco van a robar a alguien, aunque no saquen la navaja.

¿Aquí hacía falta algún arma, en un portal? Es lo que tendrán que valorar los jueces», reflexiona Asua. Y añade: «Hay que ponerse en el lugar de esta persona, hay que ser mujer para entenderlo, o a lo mejor un hombre tiene que imaginarse ante cinco supermatones, que no hace falta que lleven cadenas».

¿Cómo puede establecer un juez, en estas circunstancias, si ha existido consentimiento o no? «Se trata de una valoración subjetiva en función de las pruebas: ese es el papelón que tiene el tribunal en Pamplona -comenta el abogado Ángel Gaminde Gurpegui-. Pero hay que tener en cuenta que ha sido un juicio a puerta cerrada y nosotros no estamos allí. El tribunal sí ha oído a los testigos directamente, ve las pruebas, y ese principio de inmediación resulta fundamental: en situaciones así, la percepción directa es muy importante».

El letrado considera que el caso de ‘La Manada’ ya resultaba «difícil de por sí», pero la presión exterior ha añadido una carga indeseable a la misión de los jueces: «Por muy graves que puedan ser los hechos, aquí se está olvidando la presunción de inocencia. Hay que educar en la prudencia sobre estos temas, entender que, por ser prudentes, no vamos a dejar de ser duros».

El fiscal Luis Lafont está especializado en trata de seres humanos, otra tipología delictiva donde el consentimiento adquiere un peso decisivo. «Son víctimas que muchas veces no protestan, pero no dejan de ser personas sin voluntad, así que existen connotaciones similares. En estos delitos, es fundamental la prueba médica, psicológica: las víctimas tienen una serie de trastornos de estrés postraumático que un médico identifica», explica.

A su juicio, también es muy importante la prueba policial de los agentes que localizaron a la víctima. «Ese sufrimiento, esa desazón, esa angustia demuestran que no estamos ante actrices sino ante personas que han vivido hechos terribles. Y en este caso, además, existe una prueba adicional que son los vídeos, con un informe de varios cientos de folios de la Policía Foral», señala.

En las sesiones de mañana y pasado, ya en presencia de la prensa y de un público muy restringido, las partes expondrán sus conclusiones. «Después -plantea el fiscal Lafont- habrá que estudiar la sentencia. Al final, será el Tribunal Supremo quien cree una doctrina de este caso tan complejo y que sirva de referencia para el futuro», advierte.