Las licencias VTC serán autonómicas y municipales a partir de otoño de 2022

Llegó, por fin, la 'fumata' que esperaban el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Pero no fue blanca ni negra, como querían unos y temían otros, sino más bien gris. El Consejo de Ministros, a propuesta de Fomento, aprobó este viernes vía decreto-ley la anunciada «habilitación» a las comunidades para que «gestionen y regulen» las VTC «en el ámbito de su territorio», lo que incluye la posibilidad de que creen un nuevo permiso autonómico. Por otro lado, la decisión incluye la concesión a los titulares de aquellas autorizaciones nacionales ya otorgadas cuatro años de moratoria para seguir trabajando.

Lo mismo pasará con las licencias municipales que podrán dar de alta los ayuntamientos dentro de sus competencias –algo que ya sucede con el taxi, que aparte tiene su autorización de transporte–, según recoge el documento que será enviado al Congreso para que se apruebe en 30 días o decaiga. Si el Ejecutivo logra los apoyos suficientes, los nuevos permisos urbanos serán obligatorios en otoño de 2022, salvo en los lugares que opten por no legislar.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció este viernes la necesidad que había de intervenir en este conflicto al recordar que los VTC empezaron siendo un servicio sin límite territorial y se usaban «solo para ocasiones especiales (bodas, eventos, congresos..)». Hasta que irrumpieron las dos grandes plataformas digitales Uber y Cabify. El resultado, apuntó, ha sido «una contradicción tremenda que afecta a los niveles competenciales» pues son el único transporte «que no se regula a nivel urbano pese a competir directamente» con el taxi.

Por eso defendió como «racional» el decreto, respaldado por el Ejecutivo y que cumple la doctrina del Tribunal Constitucional que en junio de 1996 ya distinguió una «dualidad de competencias». Y que remarca que la del Estado afecta a transportes que «discurran por más de una comunidad». De hecho, el titular de Fomento aseguró que las autorizaciones de ese ámbito ya concedidas se mantendrán –aunque «exclusivamente» para viajes interurbanos– y no habrá expropiación alguna. «Nadie las va a quitar», insistió.

En la práctica, los VTC actuales operarán libremente los cuatro años de moratoria –ampliables otros dos en casos «debidamente justificados»–, solo con el permiso estatal. Pero el ministro también remarcó que «una autorización no supone derecho de propiedad alguno», y que está sujeta a condiciones de explotación que podrían variar. De hecho, «por delegación del Estado», el decreto habilita a las autonomías a «modificarlas» desde su entrada en vigor, sin plazo de mora. Esos cambios podrán abarcar fórmulas de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, horarios e incluso especificaciones técnicas del vehículo.

Ante las previsibles criticas que lleguen desde los sectores implicados –las asociaciones del taxi no se pronunciaron este viernes pero Unauto, la patronal de empresas de VTC, lo tildó de «decreto lío» y dijo que «sembrará inseguridad jurídica»–, Ábalos destacó que el Gobierno ha seguido el criterio «normativo comunitario» y la Abogacía del Estado ha estudiado «muy bien» sus consecuencias legales. «Esta blindado jurídicamente», afirmó. Y, ante posibles recursos, estimó que la moratoria «debería ser suficiente para compensar tales perjuicios» sin que se prevea el pago de indemnizaciones por una «autorización (de VTC) que cuesta 39 euros».

En el plano laboral, auguró que «no tiene por qué darse pérdida de empleo» en el sector. Frente a las voces que así lo apuntan, avisó de que «nadie», ni las propias empresas, «debería amenazar con ello». «En este conflicto hay intereses contrapuestos y hemos procurado no caer en ninguno», concluyó.

Al margen del decreto, el Ejecutivo endurecerá el régimen de sanciones para los conductores de VTC. En Madrid ya se han impuesto 22 millones de euros en multas, pero la mayoría están recurridas o impagadas. Fomento presentará un proyecto de ley para retirar el permiso un año si hay dos incumplimientos graves e, incluso de forma definitiva si persisten. Además, aumentarán las inspecciones para controlarlo.