Jueces, fiscales y ecologistas derivan a la Guardia Civil denuncias medioambientales

En los últimos años ha ido creciendo el número de instituciones, asociaciones y particulares que recurren a la Guardia Civil para que investigue delitos relacionados con el medio ambiente. Ha ocurrido con jueces de instrucción de Bizkaia, que directamente designan al Instituto Armado investigaciones que, en teoría, deberían recaer en la Ertzaintza en su calidad de Policía integral del País Vasco.

También sucede con grupos ecologistas como Eguzki. Esta asociación ha denunciado directamente ante la Guardia Civil numerosos supuestos delitos de los que tiene conocimiento. Fuentes de la entidad explican que desde ésta atienden sus denuncias y mantienen una relación fluida. Al mismo tiempo, señalan que, en varias ocasiones, cuando han recurrido a la Ertzaintza les han contestado que no tenían «capacidad técnica» para investigar las supuestas irregularidades que figuraban en los escritos. «Nuestro interés es proteger el medio ambiente», insisten los mismos medios.

Y, por último, también está sucediendo con particulares. Uno de ellos, según las fuentes consultadas por EL CORREO, ha sido el guarda forestal alavés que puso sobre la mesa supuestos tratos de favor a cazadores furtivos. Esta denuncia ha derivado en una reciente acusación del Ministerio Fiscal contra el jefe de Montes de la Diputación de Álava, para el que pide 3 años de prisión por falsedad documental.

El último informe del Ministerio Público señala que en Bizkaia «sólo» han tenido dos reuniones con la sección de medio ambiente de la Ertzaintza, que se realizaron en los juzgados de Durango después del colapso del vertedero de Zaldibar. Fue en ese momento cuando los fiscales especializados en esta materia conocieron al nuevo jefe de sección de la Policía vasca, que comenzó a trabajar en la unidad cuando se produjo el desastre en la instalación de Verter Recycling.

La memoria de la Fiscalía señala que el hecho de que esta misma sección asumiese la investigación de lo ocurrido en Zaldibar provocó «una serie de disfunciones». Asegura que «un número considerable» de asuntos que estaban siendo investigados por las comisarías -con el asesoramiento de los ertzainas especializados- dejaron de tener «seguimiento» y acabaron siendo archivados de forma «un tanto precipitada». También se quejan de que «se ha reducido» el número de comunicaciones en las que se informaba de los delitos, «incluyendo aquellas que no se remitían por tratarse de autor desconocido». La Físcalía protestó por estos problemas y en los últimos tiempo la información ha fluido «con mayor frecuencia».

Hasta finales del pasado año, la sección de Medio Ambiente de la Ertzaintza estaba compuesta por 10 agentes. Esta unidad se creó hace 11 años. Su objetivo era dar respuesta a las demandas parlamentarias. Ya entonces, la preocupación social por la degradación del medio natural empezaba a ser relevante. Pero todavía no se había declarado la emergencia climática de forma oficial y este asunto no se había convertido en uno de los principales puntos de la agenda política y social.