Los jueces alertan de un vacío legal para confinar a los 'sin techo' problemáticos

Han pasado seis días desde que el Ayuntamiento de Bilbao decidió expulsar a media docena de jóvenes conflictivos de un albergue en Txurdinaga. Este centro había sido habilitado junto a otros recursos por las instituciones para confinar durante la crisis del Covid-19 a los cientos de personas que duermen en la calle en la capital vizcaína. Pero estos espacios no tardaron en convertirse en un polvorín por la actitud de algunos de sus usuarios.

En estas semanas, se han registrado peleas, intentos de fuga, agresiones a funcionarios y numerosas quejas por las duras condiciones en las que deben vivir la cuarentena. Y el Consistorio decidió dejarles «deambular» por las calles -en la actualidad ya son más de 15- hasta que «instancias superiores arbitren la manera legal de solucionar esta situación». De forma paralela, los agentes se sienten «indefensos» porque son ellos los que tienen que «lidiar» todos los días en las calles con estos jóvenes. De hecho, el sindicato ErNE de la Ertzaintza presentó el lunes una denuncia en la Fiscalía en la que apunta directamente tanto a las instituciones locales como a la Administración de Justicia por «no hacer nada».

Lo cierto es que el confinamiento impuesto por el estado de alarma es algo insólito a todos los niveles, una medida sin precedentes que genera todos los días dudas en torno a su modo de aplicación. El caso de los 'sin techo' expulsados de los albergues es uno de los más llamativos porque pone de relieve la contradicción que supone que estos chicos anden deambulando libremente por Bilbao mientras se multa a los vecinos que no justifican debidamente por qué están fuera de casa. En este contexto, tanto desde la Policía como desde la administración señalan a los jueces en busca de respuestas. Pero desde el Palacio de Justicia también reconocen sus limitaciones para gestionar esta crisis.

En declaraciones a EL CORREO, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, asegura que el Real Decreto que regula el estado de alarma -al contrario de lo que ocurre con el estado de excepción o de sitio- no modifica el marco legal por el que se deben juzgar los delitos. Y tampoco vulnera las «garantías» procesales que tienen todas las personas que cometen un delito. Los magistrados -insiste Uriarte- siguen «sometidos a la legalidad». Y los textos legales que sirven de base para dirimir sobre las desobediencias por incumplir el confinamiento siguen siendo tanto el Código Penal -en los supuestos más graves- como la Ley de Seguridad Ciudadana.

El juez decano afirma que el Código Penal ofrece una «respuesta insuficiente» para tratar episodios como el de los 'sin techo' que incumplen las directrices. En este sentido, reconoce que entre sus propios colegas surgen «dudas». Por ejemplo, ¿puede ser considerado un atentado contra la autoridad que una persona que sabe que está infectado por Covid-19 escupa a un policía? Nadie tiene una respuesta concluyente.