«Estamos investigando varios casos de incitación al suicidio de menores»

– ¿Ha sido este caso de suicidio colectivo de menores uno de los más difíciles al que se han tenido que enfrentar?

– Javier Zaragoza. Jurídicamente el asunto no ha sido complicado. La Ertzaintza hizo un trabajo de investigación espectacular, pero nos encontramos con un problema cuando se adelantó la fecha del suicidio al 17 de agosto. Las IP nos localizaban a los integrantes del grupo en Argentina, y tomé la decisión de llamar al fiscal argentino, que conocí una semana antes en un curso y con el que casualmente tenía contacto por Twitter. Por vía diplomática el proceso podría haberse alargado, y nuestra prioridad era evitar esas muertes, porque al acusado lo íbamos a coger tarde o temprano.

– Jorge Bermúdez. Todo esto surge por la famosa ‘ballena azul’, que es sobre todo una leyenda urbana. La cuestión es que una vez que esta historia se hace pública, hay jóvenes que quieren imitarla. Ya tenemos varios asuntos, que están siendo investigados por la Ertzaintza, de juegos de incitación al suicidio similares, o incluso de personas que afirman que han montado una red de ‘ballena azul’ en Gipuzkoa. No son casos constatados, son atestados que están en una fase muy temprana de investigación, pero hay que estar atentos.

– ¿Son los menores especialmente vulnerables a sufrir delitos en la red por su imprudencia?

– Javier Zaragoza. Todos somos imprudentes porque compartimos todo lo que hacemos por internet. Pero los menores tienen un riesgo mayor porque pueden conocer a millones de personas en la red, y por tanto el espectro de quienes pueden contactar con ellos con fines ilícitos es muchísimo mayor.

– Jorge Bermúdez. El problema es que los padres no tienen suficientes herramientas para acompañar a sus hijos en su iniciación en las tecnologías de la información. Los jóvenes las incorporan a su vida con total normalidad, pero nadie les ha enseñado unas mínimas precauciones de seguridad para que no sean identificados o rastreados o para que no puedan obtener imágenes suyas vulnerando su intimidad. No se trata de controlar, pero cuando les damos un móvil les damos una responsabilidad, y hay que enseñarles a manejarla.

– Precisamente los casos de ‘sexting’ (envío de fotos de contenido sexual a través del móvil) entre adolescentes empiezan a ser algo muy habitual.

– Javier Zaragoza. En los últimos años hemos tenido una barbaridad de delitos de este tipo entre menores, en los que una chica manda fotos íntimas suyas a su novio y este las distribuye a través de Whatsapp. El ‘boom’ llegó hasta tal punto de que un menor imputado por un caso de ‘sexting’ tenía en su teléfono las fotografías de chicas de otros dos procedimientos que habíamos tenido anteriormente. Y no podemos olvidar que aunque sea entre los propios menores, es un delito de distribución de pornografía infantil.

– ¿Qué penas se aplican en estos casos a menores de edad?

– Javier Zaragoza. No se pueden establecer penas de prisión. Intentamos aplicar soluciones extrajudiciales, una mediación y reparación del daño a la víctima, y en los casos más graves medidas sancionadoras de fin educativo. Nuestro principal objetivo es evitar que las imágenes se sigan difundiendo, que es lo que más preocupa a las víctimas.

– ¿Es posible eliminarlas de la red?

– Jorge Bermúdez. Es posible retirarlas de internet, pero si se han distribuido a través de Whatsapp, que suele ser lo más habitual, es muy complicado, porque no podemos saber a cuántas personas les han llegado esas imágenes. La gente tiene que ser consciente de que por mucho que mande fotos íntimas a su pareja, estas nunca van a ser totalmente privadas.

– En los últimos años han sido muy sonados casos como el del vídeo sexual de dos jugadores de fútbol del Eibar o el del hackeo de la wifi de la Universidad de Deusto en Bilbao.

– Jorge Bermúdez. El caso de Eibar lo he llevado personalmente y aún está abierto, por lo que no puedo dar más detalles. Cuando hay una persona que ha sido grabada sin su consentimiento, el problema que nos encontramos en algunos casos muy gordos es que el acusado tiene el teléfono protegido con contraseña, y como tiene derecho a no declarar contra sí mismo, no podemos comprobar que el delito se ha cometido. El caso de Deusto fue un bulo, porque se demostró que la mayoría de fotografías que se habían robado a través de la red wifi de la universidad eran de modelos profesionales, muchas de ellas de una chica de Florida que fue víctima de un robo de fotografías en 2006. Siete años más tarde esas imágenes cruzaron el charco y aparecieron en Bilbao, lo que es una muestra de que lo que se sube a internet nunca desaparece.

– Volviendo a los menores, las redes sociales se han convertido en arma y escenario del acoso escolar. ¿Es el ‘ciberbullying’ uno de los delitos que más preocupa en la Fiscalía?

– Javier Zaragoza. Por desgracia hemos tenido muchos casos, y algunos muy feos. El problema es que los niños están conectados al colegio en todo momento a través del teléfono, ese acoso no termina nunca y los efectos se potencian y pueden ser devastadores para el menor. Hemos tenido casos como palizas grabadas con el móvil distribuidas por todo el colegio, y lo que tratamos de hacer es una labor mediadora, porque llevar a juicio a doce chavales es desaconsejable. El del acoso escolar es un tema muy sensible que abordamos con toda la cautela y contando con todas las partes, tanto menores como padres y profesores. Solo en los casos más graves se llega a juicio.

– Jorge Bermúdez. El abordaje del ‘ciberbullying’ tiene que hacerse desde los centros educativos antes de llegar a medidas más graves. En Gipuzkoa ya se está poniendo en práctica en algunos colegios.

– Esta semana ha saltado la polémica por el comentario de una usuaria de Facebook hacia Inés Arrimadas, de Ciudadanos, en el que señalaba: «Solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo». ¿El insulto tiene impunidad si se hace a través de las redes sociales?

– Javier Zaragoza. La gente cree que en internet todo está permitido, pero lo que es delito en el mundo físico lo es en el virtual, y aquí podríamos estar hablando de un delito de odio. Injuriar en la red es más fácil, pero jurídicamente puede tener mayores consecuencias. En la última reforma de la Constitución se prevé una agravación de este tipo de conductas cuando se hacen a través de redes sociales, porque los mensajes tienen una mayor capacidad de difusión. Por ejemplo, cuando hablamos de homofobia no tiene la misma repercusión insultar a una persona homosexual en la calle que hacerlo en el escaparate que es internet.

– Jorge Bermúdez. El Tribunal Constitucional dice que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto. Pero cuando estás frente a una pantalla sí que hay sensación de impunidad, porque no ves al interlocutor, piensas que no estás haciendo un daño real y se pierde la empatía hacia el otro porque la pantalla la rompe. En este caso, el perfil de esta mujer tenía su nombre y dos apellidos y se le puede identificar, pero muchas injurias o amenazas que se hacen a través de la red son con perfiles anónimos, y ahí se complica.

– ¿Por qué?

– Jorge Bermúdez. Hay que tener en cuenta que plataformas como Twitter o Facebook se rigen por la legislación de EE UU. Los norteamericanos tienen una concepción del Derecho distinta de la nuestra, y lo único que está castigado es la difamación y el discurso del odio cuando incita a la comisión de delitos. Cuando hablamos de amenazas de muerte o de cuestiones relacionadas con el terrorismo yihadista, estas redes sociales colaboran y aportan las IP de los usuarios a investigar, pero si son injurias no van a facilitar esa información, porque en EE UU los insultos forman parte de la libertad de expresión.

– La tecnología se ha convertido en un arma para cometer muchos delitos, pero también son un medio que sirve de prueba. ¿Cómo influye en sus investigaciones?

– Javier Zaragoza. Hoy en día para cualquier delito se presentan pruebas a través de medios tecnológicos. Es algo que hemos observado frecuentemente en casos de violencia de género, donde la mujer presenta los mensajes de Whatsapp enviados por el acusado en el que se ven amenazas, insultos, etc.

– Jorge Bermúdez. Tenemos el claro ejemplo de la violación múltiple de los San Fermines de 2016, en el que un vídeo grabado con el móvil es la principal prueba. Hoy en día en todos los delitos hay un aspecto relacionado con la tecnología, desde la geolocalización de un sospechoso a través de su móvil, pruebas, rastreo de tarjetas bancarias...

– ¿Consideran que deberían crearse juzgados y órganos especializados en criminalidad informática?

– Javier Zaragoza.Desde luego. Nuestro trabajo ha aumentado mucho en los últimos años. Las técnicas de comisión de delitos cada vez son más sofisticadas y la complejidad de los asuntos es mayor. La tecnología está cada vez más presente en la vida, en todas las franjas de edad y en todos los estamentos sociales, y hasta la persona más humilde posee un teléfono móvil con el que conectarse a su red social o realizar una compra online.

– Jorge Bermúdez. Creo que habría que adoptar las enseñanzas de los juzgados de violencia de género, donde las medidas son inmediatas, porque las evidencias digitales pueden desaparecer. Las operadoras que prestan servicios en la red solo tienen la obligación de conservar los datos durante un año. Muchas veces el procedimiento penal se dilata durante más tiempo y para cuando queremos obtener pruebas estas han desaparecido. Se necesitan más medios, para la policía, para los juzgados y para las fiscalías, porque el papel lo soporta todo, pero hay unidades de investigación de la policía que tienen cientos de discos duros por analizar.

– Han mencionado las compras online. ¿Es seguro comprar por internet?

– Jorge Bermúdez. Hay dos tipos de usuarios de internet, los que ya han sido estafados y los que están a punto de serlo. En empresas como Amazon, que es líder en comercio electrónico, la seguridad es muy alta. Pero otros comercios más pequeños no garantizan esa seguridad, y pueden robarles las bases de datos de tarjetas de crédito y que estas acaben en el mercado negro. Hay muchísimos casos archivados porque las IP de los delincuentes se sitúan en países asiáticos o de Europa del Este y es muy complicado localizarlas.

– Javier Zaragoza. La cantidad de delitos por estafas con tarjetas bancarias es enorme. Aunque se han establecido diferentes medidas de seguridad para el pago de tarjeta por internet, estas siempre han sido descifradas. El delincuente informático siempre va un paso por delante de nosotros.

– ¿Volveremos a sufrir otro ataque informático como el que afectó a 600 empresas españolas el pasado mes de mayo?

– Jorge Bermúdez. Hace falta concienciar a la sociedad de que todo nos puede afectar. En ataques como el famoso virus del mail de Correos y o el de la factura de electricidad de Endesa, los delincuentes buscaban pequeñas empresas porque son víctimas fáciles. Hemos tenido denuncias dramáticas de empresarios que nos decían: «Vamos a tener que cerrar porque no podemos recuperar nuestros datos que son fundamentales para trabajar». Además en algunos casos es muy difícil deshacer el perjuicio y casi imposible rastrear al responsable. Si hoy un ataque informático deja sin luz a Donostia y apaga los semáforos, sería el caos. Y eso puede pasar.