El ingreso mínimo vital que propone el Gobierno central se inspira en la RGI vasca

El ingreso mínimo vital diseñado por el Gobierno central busca garantizar a las familias vulnerables unos mínimos recursos fijos cuando la situación económica, que se presenta catastrófica debido a la crisis del coronavirus, les deje sin dinero para cubrir sus gastos más básicos. Se trata de una prestación que el Ejecutivo español quiere poner en marcha ya en mayo y que tendrá gran trascendencia, ya que beneficiará a un millón de hogares habitados por tres millones de personas. En su complicada y polémica preparación han colaborado cuatro ministerios (Inclusión Social, Hacienda, Trabajo y Derechos Sociales), que han bebido de diversas fuentes. Entre ellas, las normativas existentes en las comunidades autónomas, en especial la del modelo vasco. No en vano, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi es la primera que entró en vigor, en 1989, y la que mayores ingresos entrega: una media por persona de 689,93 euros y un máximo de 1.075.

En el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Ejecutivo autónomo, encargado de su gestión, reconocen que las consultas sobre el sistema vasco han sido continuas desde Madrid, «con el actual Gobierno y con el anterior, incluso también con el último del PP». Querían saber, explican las mismas fuentes, cómo se funciona aquí con la idea de implantar algo similar a nivel nacional. «En todas las conversaciones se partía de la idea de que fuese complementario, porque no hay que olvidar que en Euskadi tenemos la competencia en esta materia y no pasa nada, siempre y cuando la regulación estatal no perjudique a la nuestra».

Y ésta es, confiesan, una de las mayores incertidumbres que genera el ingreso mínimo vital. Una cuestión que, a su juicio, debe aclararse cuanto antes. «Tenemos que ver el grado de compatibilidad» que tendrá con la RGI, argumenta el director general de Lanbide, Borja Belandia. «Y si efectivamente va dirigida al mismo público; vamos a trabajar con el Ministerio en la definición de estos objetivos, y lo que tenemos claro es que las personas tienen que recibir el máximo de ayuda, bien sea de una renta o de la otra». Y, sobre todo, que su coexistencia «no afecte a las personas usuarias». Es decir, que no se rebaje la renta vasca para igualarla a la estatal.

El departamento cree que el ingreso mínimo no tendrá efectos prácticos en los beneficiarios de la RGI vasca. Primero, porque «nadie va a poder cobrar las dos ayudas a la vez». Y segundo, porque las cuantías aquí son elevadas. En España las ayudas existentes son heterogéneas y con cantidades que van de 300 a 644 euros al mes. En Euskadi la media son 690 euros y el tope 1.075 para un pensionista con dos personas a su cargo. Cifra que se incrementa con otros 250 si percibe la prestación económica de vivienda como ayuda para pagar el alquiler.

Luego está el tema de los potenciales beneficiarios. En el Gobierno vasco desconocen todos los conceptos por los que podrá cobrarse la nueva prestación. Al parecer, prevé hasta doce unidades convivenciales distintas para «cubrir cualquier tipo de situación extrema». «Habrá que ver si alguna difiere de nuestros criterios, porque entonces sí podría tener cabida aquí». En Euskadi hay 52.391 titulares de una RGI (que cubre a 93.377 personas). Es una cifra muy lejana a la del récord histórico de 66.373 beneficiarios que se alcanzó en mayo de 2015.

Desde el departamento reconocen que la propuesta del Gobierno central sí incluye una mejora al compatibilizar trabajos esporádicos con el cobro de esta renta. La RGI, sin embargo, se suspende tras firmar un contrato con más sueldo que la prestación, y hay que volver a tramitarla cuando éste acaba, aunque sólo hayan sido unos meses. «Es una de las medidas de flexibilización que incluye la reforma de esta prestación, que está pendiente de aprobación en el Parlamento vasco», apuntan las mismas fuentes.