El caso del hombre que perdió varios dedos al fingir su atraco y otros fraudes al seguro

Algunos casos son verdaderas chapuzas, otros demuestran horas y horas de maquinación para urdir la trama y otros se asemejan al guion de una película en la que el protagonista no duda en poner en riesgo su integridad física por pura desesperación. La patronal del seguro Unespa ha selecionado los ocho intentos de fraude más llamativos del año 2017 y ha premiado a las aseguradoras que los detectaron y que permitieron que quedasen en eso, en meros intentos.

Son una ínfima parte de los casi 166.000 amagos de estafa que las 38 entidades participantes (con una cuota de mercado del 54,5%) detectaron en el último año, según consta en el estudio 'El fraude al seguro'. De media, las aseguradoras invierten 54 euros en investigar cada caso, un pequeñísimo esfuerzo económico a tenor de los resultados: por cada euro gastado en destapar a picaresca, las compañías recuperan nada menos que 48.

Uno de las tendencias más llamativas de los últimos años es el crecimiento de los intentos de fraude de pequeño importe por parte de delicuentes no profesionales. «Con todo, continúa habiendo redes delictivas organizadas que simulan siniestros. Sobre todo en el seguro del automóvil», apuntan desde Unespa. A continuación, los casos destapados que han sido merecedores de premio, entre los que han varias muestras de ambas modalidades.

Ocurrió en Dos Hermanas (Sevilla). Todavía con el pijama puesto, el asegurado se entera por un vecino de que alguien le ha dado un golpe a su Volkswagen Polo blanco que estaba aparcado en la calle. Para colmo, se ha dado a la fuga.

Nada más recibir la noticia llama a su aseguradora para dar parte. Su vehículo tiene marcas de una colisión fuerte en la parte frontolateral derecha, unos daños valorados en 3.500 euros. Todavía pueden verse fragmentos de plástico rojo, que parecen ser del piloto trasero de otro coche, así como una letra 'S' que se ha debido desprender del vehículo huido.

El perito que analiza los desperfectos concluye que es posible que el choque haya sido con un Ford Focus. Modelo de 2001, para más señas. El análisis también desvela otro dato interesante: el pretensor del cinturón de seguridad del conductor estaba activado, algo que no debía ocurrir pues, según el relato del cliente, la colisión se produjo sin que hubiese nadie dentro del coche.

El perito comenzó a recorrer varios talleres preguntando si, recientemente, alguien había acudido a reparar un Ford Focus de 2001 de color rojo. En un concesionario le comentan que la Policía anda buscando un vehículo que ha golpeado a tres coches y que se ha dado a la fuga. Además, en un comercio próximo, añaden que turismo sospechoso que busca la Policía es un Volkswagen Polo de color blanco.

El misterio queda así aclarado: la supuesta víctima era la culpable. El propietario del Volskwagen Polo blanco fue quien colisionó contra tres vehículos y luego se dió a la fuga.

Este caso es especialmente sangrante ya que el intento de estafa está implicado un hospital que quería desentenderse de la asistencia a un anciano que vivía solo, dependiente y al que había dejado el matrimonio que le cuidaba. Cuando la ambulancia le lleva a su casa desde el servicio de Urgencias, en Las Palmas de Gran Canaria, sufre un accidente. El paciente, que va en camilla, se cae y resulta lesionado. De vuelta a Urgencias se le diagnostica una fractura de pelvis y queda ingresado.

El percance, de partida, resulta algo extraño. Por un lado, el centro médico apenas colabora con la aseguradora y se limita a remitir un parte de Urgencias donde se diagnostican lesiones leves (en concreto, policontusiones y erosiones) que no coinciden con las aparentemente sufridas en el accidente de tráfico.

Cuando el anciano acude a la consulta con el perito médico de la aseguradora presenta un informe médico de otro centro sanitario donde, esta vez sí, se le diagnostica una fractura de pelvis con una radiografía. Nada que ver con el informe de urgencias anterior. Desde este segundo hospital tratan de que sea la aseguradora quien asuma la asistencia que requiere el anciano atribuyendo las lesiones al accidente.

El asunto acaba en manos del servicio jurídico de Servicios Sociales. Este asigna al anciano un abogado de oficio para que reclame a la aseguradora, que informa al letrado que los centros médicos no han aportado las pruebas diagnósticas y que, probablemente, se trate de un caso social que deben asumir el Servicio Canario de Salud y los responsables de Asuntos Sociales. La clave está entre la documentación que aporta, donde aparecen unas radiografías de una fractura de pelvis realizadas, curiosamente, a las diez de la mañana del mismo día del accidente de tráfico, que ocurrió a las cuatro de la tarde.

A pesar de todo, el anciano decide acudir a los tribunales y reclama a la aseguradora 325.870 euros, una demanda que desestiman los tribunales. Su lesión no había sido causada por el accidente de tráfico.

Un conductor entra en el aparcamiento de un centro comercial en Orense, arranca su coche y al dar marcha atrás lentamente nota que ha golpeado con algo. Al salir, se encuentra a un hombre tendido en el suelo. Le ayuda a levantarse, este le dice que se encuentra bien y se despiden. Por precaución, el conductor avisa a su aseguradora y le deja los datos y el número de teléfono del hombre al que había golpeado.

Al ponerse la entidad en contacto con él, este se queja de dolores en el hombro, lumbares, mano y rodilla. Además, solicita autorización para una intervención quirúrgica por una hernia discal y espondilolistesis. El lesionado reclama 24.000 euros a la aseguradora y el pago de los gastos médicos.

Cuando el perito médico reconoce al lesionado y revisa la documentación que le aporta descubre que sus dolencias corresponden a una patología preexistente. La entidad decide ponerse en contacto con la Guardia Civil al tener indicios de un posible fraude. Los agentes investigan al individuo y a su entorno, y tanto el lesionado como su mujer y otros dos miembros de su familia acaban detenidos: la 'víctima' había simulado ser atropellado en, al menos, cuatro ocasiones y su esposa había hecho lo propio otras dos.

Un empresario asegura su barco de pesca y, apenas cinco meses después, este se hunde frente a la costa de Cádiz. La aseguradora sospecha que el infortunio podría haber sido provocado por varios motivos: la embarcación no activó las señales habituales de alarma y, además, quien acudió en su auxilio fue una embarcación propiedad del sobrino.

La aseguradora trató de localizar el buque. Para ello, recurrió a una empresa especializada en investigaciones subacuáticas, así como a expertos del Ministerio de Fomento. El asegurado afirmaba que el barco se hundió cuando tenía las redes extendidas. Sin embargo, esto no concordaba con la información emitida por la caja azul del barco. De acuerdo con este aparato, la embarcación iba despacio (1,9 nudos), pero estaba en movimiento a pesar de que las redes deberían haber actuado como ancla y haberla inmovilizado.

Otro dato resultaba sospechoso: el barco del sobrino estaba al lado del pesquero malogrado cuando se produjo el hundimiento. Es decir, no tuvo que acudir a su rescate al recibir una llamada de auxilio. Su tripulación debería haber visto perfectamente lo que pasaba sin necesidad de ser avisada por radio.

La embarcación hundida jamás fue encontrada, pero todos los indicios apuntaban a un posible fraude. El asegurado reclamaba el pago de 325.000 euros por la vía judicial, que fue desestimada.

Cae una lluvia torrencial sobre la ciudad de Valencia. En una nave industrial, el agua se filtra por diferentes puntos y causa daños en las existencias situadas en estanterías y palés. Los peritos de la aseguradora realizan varias visitas al lugar, pues los clientes reclaman ser indemnizados por los daños sufridos en unas cajas que no estaban situadas en la misma zona por donde se filtró el agua de lluvia.

Llamaba la atención que algunas mercancías seguían mojadas tres meses después de que cayera la tromba. Así pues, la aseguradora decide investigar más a fondo y toma muestras del agua acumulada para su posterior análisis en un laboratorio. El resultado es concluyente: se trata de agua de grifo, no de lluvia.

La aseguradora ofrece una indemnización de 3.800 euros, pero los 'damnificados' reclaman 230.587 euros. No hay acuerdo y las partes van a juicio. Finalmente, el juez condena a la aseguradora a pagar 12.000 euros y desestima el resto de la reclamación.

La aseguradora recibe un parte por el incendio de una pizzería situada en la ciudad de Madrid. El local tenía un seguro desde hacía sólo dos meses y, cuando el perito va al lugar a determinar las causas del fuego, descubre que hay 14 focos, así como restos de gasolina vertida supuestamente para acelerar la combustión. Indicios que apuntan a que el incendio había sido provocado.

El dueño del local, que reclamaba a la aseguradora una indemnización de 68.816 euros, es un empresario italiano que atraviesa graves problemas económicos. Un día, agentes de la Policía Nacional se ponen en contacto con la aseguradora: su cliente está siendo investigado porque uno de sus empleados, herido en el siniestro, se había declarado autor material del incendio del restaurante, junto con otro compinche. Ambos habrían sido contratados por el propietario de la pizzería. En el intento de fraude también estaba implicada la pareja sentimental del empresario italiano.

La aseguradora acudió al juzgado con las pruebas que pudo reunir y, a la vista de las mismas, el juez decidió enviar a prisión al acusado ante el riesgo de que se fugase a su país de origen. Recientemente ha sido condenado a seis años de cárcel por estos hechos.

La historia es tan dura que cuesta creer que sea una puesta en escena por un móvil económico. El protagonista es un hijo de españoles nacido en Venezuela, donde se crió y formó una familia, hasta que en 2005 decidió regresar a España para iniciar una nueva vida en una localidad de la provincia de Castellón.

Empezó a trabajar como fontanero e instalador de aparatos de aire acondicionado hasta que, en 2009, con la crisis, perdió su empleo. En este contexto y al igual que en años anteriores, decidió hacer una visita a su país de origen con su mujer.

Pero en esta ocasión contrata cinco seguros de vida y accidentes con unos capitales asegurados particularmente elevados.En marcado contraste, su mujer sólo suscribe una póliza con una suma asegurada de 30.000 euros para ese mismo desplazamiento.

Así, en febrero de 2009, el matrimonio aterriza en Venezuela. Tras pasar varias semanas en el aquel país, un día de marzo el hombre es atracado mientras conducía un coche. Según su relato, dos individuos tratan de robarle los 7.000 bolívares que lleva consigo a punta de pistola. En el forcejeo con los asaltantes, el arma que llevaba uno de ellos se dispara y le causa la amputación de varios dedos al asegurado, así como parte de las palmas de sus dos manos. Estas lesiones constituyen una incapacidad permanente total. Ya no podrá volver a ejercer su profesión.

Las aseguradoras implicadas descubren que no hay documentación acreditativa de lo sucedido a pesar de la gravedad de los acontecimientos. El perito médico determina, además, que la naturaleza de las lesiones es incompatible con la narración de los hechos que hacen los implicados. Si el asegurado, como declaraba, tenía sujeta el arma con las dos manos mientras forcejeaba con su asaltante, la bala no podía haberle impactado en ninguna de ellas. De hecho, consideran un milagro que no resultara herido en otras partes de su cuerpo.

El supuesto lugar donde ocurrió el atraco también resulta sospechoso para las aseguradoras. Varios detalles no coinciden con la realidad. Para colmo, el hombre declaró haber conducido con las manos gravemente heridas 16 kilómetros hasta un hospital. Esto llama la atención no sólo por la proeza física que entraña, sino porque además había dos centros médicos a apenas cuatro kilómetros de donde fue atacado.

Ante estos indicios, las aseguradoras deciden no abonar la indemnización. El hombre presentó las correspondientes demandas contra ellas y los procesos judiciales duraron siete años. En este tiempo, alguna de las otras entidades que aseguraron a esta persona sí abonó las cuantías recogidas en la póliza. Finalmente, la Audiencia Provincial de Castellón ha reconocido las anomalías del caso y los cambios en las narraciones de los hechos realizadas por el asegurado y su esposa. En opinión del juez, no estaba suficientemente acreditado cómo se produjo el atraco ni, sobre todo, que este «fuera ajeno a la intencionalidad del asegurado».

La aseguradora recibe una comunicación de un cliente en la que solicitaba la indemnización por invalidez permanente por un trastorno bipolar. El caso resulta extraño desde un principio por varias cuestiones. El asegurado mantiene un tono desafiante desde el inicio (amenaza con acciones legales desde el primer minuto); entrega una documentación muy completa y debidamente compulsada por un organismo oficial; el seguro había sido contratado en fechas muy recientes y, por último, hay dos informes médicos demasiado perfectos. De hecho, ofrecían más detalles de los que en un principio son habituales en este tipo de documentos.

La aseguradora decide investigar más a fondo y descubre que este vecino de Figueres (Gerona) tiene contratados varios seguros que suman un capital cubierto de 1,7 millones de euros. La entidad decide contratar los servicios de un detective privado, quien descubre que el cliente está en teoría divorciado, que su vivienda habitual se la quedó su exmujer y que ya no tiene propiedades a su nombre... pero sí una cuantiosa deuda por hipotecas y otros conceptos que puede superar el millón de euros.

Un análisis más exhaustivo de los informes médicos desvela que se trata en realidad de son falsificaciones de gran calidad. Los facultativos que, en teoría, los habían suscrito reconocen su firma, pero niegan haber realizado esos trabajos. Entre tanto, la supuesta abogada del reclamante envía cartas a las aseguradoras sin membrete de su bufete ni número de colegiado. En realidad, se trata de la exesposa del asegurado, que se hace pasar por su abogada.

Todos estos hechos se ponen en conocimiento de los Mossos d'Esquadra, que detienen al asegurado por falsear su historial médico e intentar estafar a varias compañías de seguros. Pretendía estafar a la aseguradora nada menos que 250.000 euros.