El Parlamento pide al Gobierno vasco recuperar la prima por jubilación voluntaria para profesores

Representantes de la asociación de docentes jubilados Adostuz han seguido el pleno desde la tribuna de invitados del salón de plenos./Blanca Castillo
Representantes de la asociación de docentes jubilados Adostuz han seguido el pleno desde la tribuna de invitados del salón de plenos. / Blanca Castillo

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han reclamado que el complemento se abone a los casi 3.000 docentes que han dejado sus puestos desde 2012. PNV y PSE-EE han rechazado la iniciativa

Octavio Igea | EFE
OCTAVIO IGEA | EFE

El Parlamento vasco ha instado al Ejecutivo autonómico a levantar la suspensión del derecho a la prima por jubilación voluntaria de los profesores no universitarios de la enseñanza pública, aprobada por decreto por el Gabinete del socialista Patxi López en el año 2012.

La iniciativa se recoge en una enmienda transada entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, que ha contado con el rechazo de los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.

El debate ha llegado a la Cámara de la mano de la coalición abertzale, grupo que ha defendido una proposición no de ley en la que pedía la anulación del decreto de 2012, en el que se recogían recortes en las condiciones laborales del personal de la Administración Pública Vasca, como la suspensión de la prima por jubilación voluntaria de los docentes entre otros. Ya en 2012 el Parlamento se posicionó en contra de este decreto y cinco años después este asunto ha vuelto a la Cámara después de que en 2017 la asociación de docentes jubilados Adostuz reclamasen la anulación del decreto en comisión parlamentaria.

Representantes de esta organización se han concentrado frente a la sede del legislativo y un grupo ha seguido el debate desde la tribuna de invitados del salón de plenos.

Su portavoz, Luisa Calvo, ha lamentado que el Gobierno Vasco no haya solucionado este asunto y ha denunciado que es «falso» el argumento de que no hay dinero para pagar esta prima porque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es el que «alardea de la buena situación económica».

A través del texto que ha salido adelante, se emplaza también al Ejecutivo vasco a negociar con los afectados un plan plurianual de pagos «a los que tienen derecho desde el 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2018». Como consecuencia de esta negociación, la Cámara pide al Gobierno autonómico que le remita un plan de abono que se iniciaría en 2019 y concluiría a finales de 2021.

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha denunciado la «falta de previsión» del Gobierno Vasco, institución a la que le ha reclamado que escuche a los afectados y comience una negociación con ellos para poder llegar a un acuerdo.

En la misma línea, Jon Hernández (Elkarrekin Podemos) ha criticado al Gobierno Vasco por mantener los recortes del decreto de 2012 y ha defendido que «no hay ninguna justificación jurídica» para no derogar una medida que fue «coyuntural».

El popular Antón Damborenea ha recordado que la prima por jubilación voluntaria «no es un derecho recortado sino suspendido» y ha opinado que lo que hace falta es voluntad política porque, a su juicio, hay disponibilidad económica para poder hacerlo.

Por su parte, Estíbaliz Larrauri (PNV) ha acusado a los firmantes de la enmienda de generar «falsas expectativas» porque lo que piden, según ha recordado, sólo se puede recoger en una ley de presupuestos posterior a un acuerdo con los sindicatos.

Por último, el socialista José Antonio Pastor ha mostrado la «total disposición» de su partido a solucionar esta situación y ha subrayado que hoy se ha abierto la «oportunidad» de una negociación.

Origen de la reclamación

El origen de la reclamación es el decreto firmado en enero de 2012 por el Ejecutivo para suspender la compensación económica que buscaba facilitar el relevo generacional en la educación vasca. Un acuerdo de los sindicatos y el Gobierno establecía hasta entonces un baremo de pagos en función de la edad de jubilación y la categoría profesional del funcionario. La compensación máxima era de 43.400 euros netos en veinte mensualidades.

El recorte generó una cascada de protestas por parte de los afectados. En 2013 dos sentencias judiciales dieron la razón a los profesores asegurando que la medida aplicada se circunscribía al ejercicio anterior y que el tijeretazo se había ampliado sin ningún tipo de negociación colectiva. Lakua recurrió y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón, por lo que el contencioso se dirime ahora en el Supremo.

LA CLAVE

2.860
profesores de Primaria y Secundaria se han prejubilado los últimos seis años y reclaman el complemento suspendido en 2012.