El Gobierno vasco desahució a 49 familias el año pasado en Euskadi
También presentó 127 demandas de desalojo a inquilinos de un alquiler protegido por impagos u ocupaciones ilegales del piso, entre otros motivos
El año pasado el Gobierno vasco desahució a 49 familias de Euskadi –19 vizcaínas– que residían en alquileres protegidos tras meses de incumplimientos de contrato. ... Representan el 0,32% de los 15.336 alquileres que están ocupados en la comunidad autónoma y que son propiedad del Departamento de Vivienda, según los datos publicados por el consejero Denis Itxaso en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. Son doce lanzamientos menos que los registrados en 2022 y uno por debajo de los casos contabilizados en 2023.
En el escrito remitido al Parlamento vasco Itxaso también revela que en ese periodo temporal se presentaron 127 demandas de desalojo, 13 solo en Bilbao, por diversos motivos. Los más comunes: el impago de la renta, la ocupación ilegal de la vivienda o que el contrato de arrendamiento haya expirado y el inquilino no se haya marchado.
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La consejería de Vivienda siempre se ha mantenido tajante en relación a los lanzamientos. «No desahuciamos a ningún deudor de buena fe, pero tenemos que ser rigurosos y no permitir una impunidad por las personas que están demandando una VPO», aseguró Patricia Val, directora de Alokabide, la agencia vasca del alquiler público en Euskadi, en una entrevista a ELCORREO. En conversación con este periódico la gerente afirmó que el lanzamiento se lleva a cabo después de un periodo «muy largo», que dura «años», y tras haber dado muchas «oportunidades» a los moradores. Cabe destacar que los inquilinos nunca pagan más del 30% de sus ingresos y que las rentas suben o bajan en función de las condiciones económicas de los hogares.
La falta de pagos vinculados a la «renta, la comunidad o las tasas municipales» –los conceptos más «habituales», según el Gobierno vasco– por parte de arrendatarios que residen en una vivienda pública no es nuevo. Cada año se detecta un buen número de deudores. La memoria de Alokabide del año 2023, la última publicada, habla de 3.995 casos.
La documentación enviada por el Gobierno vasco a la parlamentaria popular, Ana Morales, detalla el número de recibos que no han sido abonados a la Administración y las cuantías sin resolver año a año. En 2024 había 3.886 expedientes pendientes. La deuda superaba los 4 millones de euros. Entre 2022 y el año anterior el importe de los impagos sumó 8,9 millones. Así y todo, el Departamento afirma que el dinero se va «recuperando».
12 millones de recobro
El consejero de Vivienda sostiene que en Alokabide hay un proceso de «reconducción de impagos, con acciones formativas, educacionales y de seguimiento, que hace que los niveles de recobros sean muy destacados». Y apoya su afirmación en datos. En tres años el Gobierno vasco ha recuperado «12 millones de euros» por casos que estaban pendientes de percibir en esos ejercicios o en anteriores. «En los dos años posteriores al covid se incrementaron las deudas por la situación económica de las familias, pero hemos intensificado las acciones de recobro y reactivado la actividad judicial, consiguiendo que lo obtenido supere incluso las deudas», concluye Itxaso.
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