El Gobierno vasco considera «una buena noticia» el acuerdo de reparto de menores

La titular del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico considera esa entente «una buena noticia» porque «da el 'ok' a una parte importante» de la propuesta presentada «bajo el liderazgo» del lehendakari Pradales y del presidente Clavijo, que apuestan por «una política humanitaria para que los niños salgan lo antes posible» del hacinamiento. «Creemos que es importante, tenemos unas bases desde hace mucho tiempo y Euskadi estaba diciendo cuáles creíamos que tenían que ser los indicadores» para proceder al reparto, ha manifestado.

A falta de conocer los detalles sobre los cupos fijados para cada territorio, desde el equipo de Sira Rego matizaron que «ninguna autonomía queda excluida» y la intención es que el reparto tenga en cuenta «la capacidad, la renta, la distribución de habitantes por territorio, la situación de partida y el esfuerzo previo» de cada región. Esas dos últimas variables primarían a Cataluña y Euskadi, que están acogiendo por encima de sus posibilidades, y han levantado ampollas en el PP, que considera «inmoral» la posibilidad de que se deje fuera a estas dos autonomías. «Es inaceptable que se utilice políticamente por parte del gobierno a los menores como moneda de cambio para mantener su estabilidad parlamentaria», ha lanzado su portavoz, Borja Sémper.

Tanto la ministra como Clavijo han insistido en que «ninguna comunidad queda fuera». Melgosa, en esa línea, ha asegurado que no tiene ninguna «información» sobre que el País Vasco vaya a ser excluido de esta medida extraordinaria, pero ha insistido a los populares que «los indicadores» que servirán de base para proceder a trasladar a los menores en situación de desprotección se han decidido «de manera académica y no política» y que «son justos y equitativos», en la medida en que la acogida de estos niños se hará «de una forma más ordenada y más cohesionada».

Para aplicarlos, el «instrumento jurídico» que servirá de paraguas a la distribución debe pasar por el Congreso, algo que la consejera confía en que suceda «lo antes posible». En cualquier caso, lo que el Gobierno vasco considera imperativo es que Moncloa desarrolle «un plan de migración estructural», y entienden que este acuerdo supone «un paso importante» en ese sentido.