El Gobierno vasco aplaza la reforma de la RGI para evitar que la oposición la rechace

La reforma de la RGI es uno de los proyectos 'estrella' del Gobierno vasco la presente legislatura. Tras las polémicas de los últimos años, el Gabinete Urkullu se ha comprometido a revisar el sistema de protección. El anteproyecto de ley presentado en abril plantea, entre otras cuestiones, un nuevo cálculo de la cuantía de las ayudas que dejaría de basarse en el Salario Mínimo Interprofesional. También facilita el acceso para familias pobres, pensionistas, trabajadores con sueldos precarios y otros colectivos vulnerables. Pero la letra pequeña de la norma no convence a la oposición. Por un motivo u otro todos los grupos consideran que la propuesta es «superficial» y no atiende las necesidades sociales del mejor modo posible.

El Gobierno quería iniciar la tramitación de la ley antes del parón veraniego, así que apremiado por los plazos optó hace unos meses por una fórmula poco habitual: en vez de presentar un proyecto de ley propio hizo que la reforma de la RGI llegara al Parlamento como propuesta de PNV y PSE, un matiz que permite acortar los tiempos y la burocracia. También impide que la oposición lo pueda frenar con enmiendas a la totalidad si no es de su gusto, solo puede corregir el texto parcialmente.

El anteproyecto de la RGI había llegado así a tiempo de ser tratado justo en el último pleno que celebra el Parlamento antes del verano –tras la sesión de ayer no retomará el curso hasta el mes septiembre-. El problema para el Ejecutivo de Urkullu es que ha sacado a debate uno de los asuntos más espinosos de la legislatura justo en el momento en el que más evidente es su minoría en la Cámara (37 escaños de jeltzales y socialistas por 38 de la oposición). La moción de censura a Rajoy ha hecho saltar por los aires el acuerdo tácito por el que el PP venía aportando «estabilidad» al Gobierno autonómico en las grandes decisiones desde su conformación en 2016.

Antes del tener que aparcar la reforma de la RGI, el PNV ya ha podido comprobar durante las últimas semanas que se ha abierto un nuevo tiempo complicado para el Ejecutivo vasco: el jueves de la semana pasada la oposición ya forzó al Gobierno a reconocer que hay «indicios» de fraude en la OPE de Osakidetza, después de que el consejero de Sanidad, Jon Darpón, lo hubiera negado de forma reiterada. El viernes el PP dio por finiquitada públicamente su entente con los nacionalistas en Euskadi. «No me quedan razones para confiar en usted y en el PNV», lanzó Alfonso Alonso al lehendakari, Iñigo Urkullu

En ese contexto, la tensión se percibía ayer en el Parlamento vasco desde primera hora de la mañana. Las conversaciones de pasillo, en las que llegó a participar el propio lehendakari, fueron muy intensos. Todo para intentar 'salvar' la reforma de la RGI. Apenas media hora antes de que el asunto se sometiera a votación en el pleno, se anunció que el punto quedaba pospuesto 'sine die'. El asunto no se retomará, como mínimo, hasta finales de septiembre, un plazo que los grupos quieren utilizar para «buscar acuerdos» y moldear el anteproyecto actual. Pese al movimiento 'in extremis', portavoces de PNV y PSE aseguraron que la voluntad de ambos grupos era haber llevado a término el debate «para que todo el mundo se retratase». Eso, pese a saber que la norma hubiera sido rechazada. Las mismas fuentes justifican el aplazamiento porque «dos partidos» de la oposición –en alusión a EH Bildu y PP– «han mostrado voluntad» de negociar.

Pese a que ahora se abre un periodo de varios meses de conversaciones en privado, el anteproyecto de la RGI sigue teniendo un complicado futuro. PNV y PSE necesitan del apoyo –o la abstención– de al menos uno de los partidos de la oposición. Sin embargo, tanto Bildu como Podemos y PP advirtieron ayer que la ley que se plantea está lejos de cumplir sus expectativas. «La propuesta ahonda en los recortes y no vamos a firmar un cheque en blanco», subrayó la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena. También Laura Garrido (PP) descartó que vayan a dar facilidades al Gobierno –«es una mala ley en la forma y en el fondo», señaló–, mientras que Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos) lamentó que el anteproyecto sea «una involución en los avances sociales».