El Gobierno reforzará los juzgados de violencia sobre la mujer con 50 jueces y 42 fiscales

Se trata de una medida impulsada por el Ministerio de Justicia, y diseñada junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pretende reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer para que puedan asumir a partir de octubre todos los casos contra la libertad sexual de las españolas. Hasta ahora estos juzgados, además de todos las denuncias de violencia de género, solo perseguían los delitos sexuales contra las mujeres causados por sus parejas o exparejas.

La nueva estructura judicial es un mandato de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada este año, y de la ley del 'solo sí es sí', vigente desde 2022, que amplía la competencia de estos juzgados especializados a todos los delitos contra la libertad sexual previstos en el Código Penal y a los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual con víctimas mujeres. Además, también asumirán los delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia cuando estén vinculados a un caso de violencia machista.

El Real Decreto amplía en 50 plazas los jueces de esta especialidad, de las cuales 42 son de nueva creación y las otras ocho el resultado de la transformación de juzgados de instrucción a juzgados de violencia sobre la mujer en el mismo partido judicial. Cada nueva plaza de juez va acompañada de la creación de otra de fiscal especializado, sumando así 42 nuevos especialistas en la plantilla del Ministerio Público.

La mayoría de las plazas creadas hoy comenzarán a funcionar el 31 de diciembre próximo, coincidiendo con la implantación de la nueva estructura judicial en tribunales de de instancia y secciones especializadas, y supondrán un aumento de los juzgados de violencia sobre la mujer próximo al 45%, dado que hoy existen 116 en todo el país.

La ampliación de juzgados de esta especialidad se basa en el estudio realizado por el CGPJ, que preveía que el aumento de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer iba a suponer de media un 13% más de carga de trabajo en todo el país, con porcentajes muy distintos según el territorio, el tamaño de la localidad o la actual carencia de medios. De hecho, este órgano calculó que la sobrecarga media de asuntos con los nuevos delitos varía entre el 2,79% en Euskadi y el 20% en Cataluña. De hecho, 135 jueces especializados en violencia de género de toda España firmaron en marzo pasado una carta en la que aseguraban que con el cambio legal la carga de trabajo iba a aumentar un 20% y que si no se creaba un número suficiente de nuevos juzgados especializados se dirigían a un «colapso total».

En consonancia con el análisis de las nuevas cargas de trabajo por cada territorio detectadas por el CGPJ, el real decreto de hoy prevé asignar diez nuevas plazas a Andalucía, seguida por Madrid, con seis, y la Comunidad Valenciana, con cinco. Cataluña, Galicia y Canarias contarán con cuatro nuevas plazas cada una, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura dispondrán de tres plazas. Murcia y Castilla y León tendrán dos plazas más cada una y, finalmente, Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán una plaza.

El Gobierno cree que esta notable ampliación de plazas «permitirá al sistema judicial mejorar significativamente su respuesta y sensibilidad ante estos casos» y también que la medida muestra «el firme compromiso del Ejecutivo con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para brindar una atención especializada y eficaz».

El mismo real decreto incluye la creación de tres secciones especializadas en violencia sobre la infancia y la adolescencia en aquellos partidos judiciales donde, tras analizar la carga de trabajo relacionada con delitos que afectan a menores, se ha considerado necesario su establecimiento. Estas nuevas secciones se implantarán en los partidos judiciales de Madrid, Barcelona y Málaga.