El Gobierno da el primer paso para eliminar el calificativo de «disminuido» en la Constitución

La periodista Vicky Bendito ha liderado la campaña para reformar el artículo 49 de la Constitución. /E. C.
La periodista Vicky Bendito ha liderado la campaña para reformar el artículo 49 de la Constitución. / E. C.

El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de reforma para asegurar los derechos de «personas con discapacidad», que serán denominadas así

Se suele criticar que la ley siempre va al rebufo de la realidad social. Tal vez no sea así en todos los casos, pero hay determinados ejemplos que lo corroboran, máxime si la norma en cuestión se escribió hace ya cuarenta años. En 1978, cuando se aprobó la Constitución, los hábitos eran bien diferentes entre los españoles. Por ejemplo, se hablaba con total naturalidad de «subnormales» e incluso de «tontitos» para referirse a aquellas personas con una discapacidad física o psíquica. Son calificativos que ahora, tras décadas de progreso, suenan muy mal. Hasta son peyorativos.

Solo un día después del aniversario de la Carta Magna, el Gobierno central dio ayer un paso decisivo para mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este es precisamente el término que se quiere incorporar al artículo 49 en detrimento de «disminuidos», tal y como se recoge ahora. Se trata de uno de los cambios propuestos en el anteproyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora la pelota se traslada al tejado del Consejo de Estado, que deberá emitir su dictamen.

«Lo importante es que se anteponga el hecho de que somos personas frente a nuestra condición» Juan Carlos Andueza | ONCE Euskadi

«La terminología siempre debe poner en valor las capacidades de las personas y no al revés» Esther Turrado | Aspace

La última palabra, claro está, la tendrá el Congreso de los Diputados, donde se precisará el apoyo de tres quintas partes del hemiciclo. Aunque la mayoría debe ser amplia y el arco parlamentario vive una de sus mayores fragmentaciones políticas en las últimas décadas, las posturas expresadas por los diferentes grupos dan pie a que se complete la reforma. No en vano, el nuevo texto obedece a la propuesta de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la propia Cámara baja.

En concreto, la reformulación del citado precepto incluye derechos y deberes para las personas con discapacidad «en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación». El documento apela también a los propios poderes públicos para que activen políticas que les garanticen «una vida participativas, autónoma e independiente». Sin duda, el cambio más llamativo es el de la denominación de los propios receptores de esos derechos.

Cómo quedaría el nuevo artículo 49

1
Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
2
Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.
3
Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
4
Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

La propuesta se produce apenas dos meses después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, encargara un estudio para la nueva redacción del artículo. «No pueden ser denominados de esa manera. Merecen un trato digno», alegó entonces. La también ministra de Igualdad se hizo eco así de las reivindicaciones de una intensa campaña liderada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Junto a ellos, la periodista Vicky Bendito recogió más de 80.000 firmas bajo la proclama de que ella no es una disminuida por padecer el síndrome de Treacher Collins, una enfermedad genética que causa malformaciones y sordera.

«Anteponer a la persona»

Los impulsores de la campaña se congratularon ayer del paso dado en el Consejo de Ministros. «Es muy positivo que la primera reforma social de la Constitución esté dirigida a las personas con discapacidad», afirmó Luis Cayo, presidente de Cermi, quien aprecia ahora «un enfoque exigente» que, en todo caso, deja margen para mejorar en el futuro.

Entre las entidades vascas que luchan a diario por visibilizar y reivindicar los derechos de estas personas, el cambio es más que relevante. «Es un avance importantísimo que llevábamos mucho tiempo pidiendo. La sociedad ya está usando en la calle un término mucho más respetuoso y coherente con lo que dicen las convenciones de la ONU», se congratula Valeria García-Landarte, directora de FEVAS Plena Inclusión, una agrupación que engloba a 13 asociaciones vascas.

La normalización del lenguaje es lo que destaca el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza. Reivindica que «lo importante es que se anteponga el hecho de que somos personas frente a nuestra condición». En su opinión, no es una cuestión de corrección política, sino de llamar a las cosas por su nombre. «Hay gente a la que le da reparo decir que soy ciego. Yo todos los días suelto expresiones como 'hasta la vista' o 'hace mucho que no te veo'. Tampoco es cuestión de buscar eufemismos», aclara.

Para Esther Turrado, responsable de comunicación de Aspace Bizkaia -la asociación que atiende a personas con parálisis cerebral-, la clave está en que el término, sea cual sea, «siempre debe poner en valor las capacidades de las personas y no al revés». Precisamente por ello, hace un llamamiento público para que ese espíritu de la futura reforma del texto constitucional se extienda a todos los documentos oficiales.

100.000 personas con discapacidad intelectual ya pueden votar

La de ayer fue una jornada histórica para los derechos de las personas con discapacidad. No solo vieron cómo se daba un importante empujón para dejar de ser denominados de una forma peyorativa, sino que también lograron dar un paso trascendental para su integración social. La entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral permite ya que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones.

Tras este movimiento, más de 100.000 personas quedan incorporadas al censo electoral sin tener que realizar ningún tipo de trámite. La aprobación de la reforma -sin ningún voto negativo en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados-, se produjo el pasado mes de octubre, pero su entrada en vigor no se ha llevado a cabo hasta ahora, por lo que no tuvo efecto en los comicios andaluces del pasado domingo. Sí lo tendrá, en cambio, durante las elecciones municipales, forales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

 

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