La Fiscalía vasca pide centros de internamiento en Bizkaia para los menores más conflictivos
Advierte del aumento de fugas y lamenta la negativa de la Ertzaintza a crear una unidad dedicada a los menores
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, subrayó ayer la necesidad de que la Ertzaintza impulse una unidad «especializada» en menores. También pidió centros «específicos» de internamiento en Bizkaia y Álava para los jóvenes con conductas graves, similares al único que existe en Gipuzkoa. La máxima representante del Ministerio Público en Euskadi realizó estas peticiones durante su intervención en el Parlamento autonómico, donde lamentó la negativa del Departamento vasco de Seguridad a poner en marcha los equipos policiales con el argumento de que «no son necesarios» ya que existen ertzainas de referencia que se encargan de asesorar a sus compañeros en esta materia.
La necesidad de crear centros para los casos más graves y una unidad policial especializada fueron dos de las principales cuestiones que trató Carmen Adán durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de 2021. La máxima responsable del Ministerio Público realizó una radiografía de las infracciones penales cometidas en Euskadi el pasado año y de la actividad de la institución que dirige «en un ejercicio de transparencia real».
Sobre los menores, quiso remarcar el contexto en el que se producen muchos de los robos y agresiones que protagonizan unos chicos que, en muchos casos, arrastran vidas muy difíciles, marcadas por situaciones de «abandono», «adicciones» y «escasez de recursos», entre otros problemas. La fiscal superior no ocultó que reciben «muchas quejas» por el aumento de «fugas» en los centros de menores tutelados. Estas protestas llegan -dijo- desde las propias familias de los chicos, de los trabajadores de las instalaciones y de las fuerzas de seguridad.
Este periódico ya informó en julio de la denuncia que habían realizado los educadores sociales de centros de menores extranjeros no acompañados. Según su testimonio, algunos de los jóvenes acogidos más «conflictivos» -que cifraron en un 30% del total- viven en un «descontrol». En Artxanda, por ejemplo, tres menores del centro El Vivero fueron detenidos por la Ertzaintza por dar una paliza a un hostelero que no les dio tabaco a las ocho de la mañana del pasado 12 de mayo porque la máquina expendedora estaba todavía cerrada.
Adán recalcó ayer que la Fiscalía no tiene la potestad para «organizar» el funcionamiento de estos equipamientos, que en el caso de Bizkaia permiten la salida a diario de los internos. Pero sí fue clara al manifestar que se necesitan en este territorio y en Álava «centros específicos» para los jóvenes con peores conductas, ya que sólo existe uno en Gipuzkoa. Se han dado casos de que algunos chicos han tenido que ser trasladados a otras comunidades ya que el de Zumarraga estaba lleno.
No fue del único tema que habló en la Cámara la fiscal superior. Explicó que, tras el retroceso de la pandemia, el Ministerio Público formuló más de 10.000 acusaciones penales durante un ejercicio en el que prácticamente aumentaron todas las infracciones. Entre otros, subieron los delitos contra la vida y la integridad física y las agresiones sexuales. Destacó, en este sentido, la necesidad de «incentivar» las «diligencias urgentes» -un procedimiento que ahora sólo se usa para las agresiones de violencia de género y los delitos contra la seguridad- como un mecanismo que permite dar salida a muchos casos que se acumulan.
Abuso sexual a jóvenes
La memoria de la Fiscalía también recoge el aumento de los delitos de abusos a menores de 16 años. Adán insistió en que «son víctimas muchísimo más vulnerables de lo que pudiera pensarse». A muchos de estos menores generalmente se reconoce una «autonomía y cierta capacidad por el hecho de que están en las redes sociales, y que tienen cierta independencia». Pero la realidad es que «son muy frágiles cuando se trata de ataques contra su libertad sexual, su intimidad y su privacidad», subrayó.
Por ello, explicó que la Memoria califica de «alarmante» el aumento de los delitos contra este tipo de víctimas, porque no solo preocupa por el número, también porque «nos obligará a redimensionar el problema en los años futuros». «La violencia sexual, como cualquier forma de violencia, es algo que afecta a la sociedad, excede a la propia víctima y tenemos que intentar, en todo caso, que salga a la luz», defendió.
La fiscal jefe también alertó de la «incapacidad» del sistema procesal a la hora de «dar respuesta a la investigación de delitos complejos» relacionados con la siniestralidad laboral y el medio ambiente. «No logramos que los tiempos sean adecuados. Somos efectivos en pequeños delitos. Pero no con los graves», admitió.
