El fiasco de la DYA en Cataluña generó una deuda de 4,6 millones que lastra sus cuentas

De hecho, los negocios en Cataluña son una parte nuclear de la querella que la actual junta directiva de la organización sin ánimo de lucro ha interpuesto contra su expresidente, Fernando Izaguirre, por un supuesto desvío de fondos. Una denuncia que salpica a otras diez personas pero que tiene al exlíder del PNV de Galdakao como principal protagonista. La DYA está en una situación económica muy frágil y gran parte del problema tiene que ver con la adquisición de Can Padró, que aún sigue pagando.

Aquel centro de entrenamiento, de 700.000 metros cuadrados, el más grande del sur de Europa, se convirtió en una pesada losa desde casi el mismo momento de la firma. Así se desprende de la documentación contable a la que ha tenido acceso EL CORREO. La adquisición de la finca barcelonesa se cerró el 21 de octubre de 2009. Pero no solo se traspasaron los terrenos y sus instalaciones, sino que la DYA también se hizo con el nombre comercial, varios vehículos y mobiliario y lo que se vino a llamar fondo de comercio. Esto último, como se explicará más adelante, resultó tan gravoso como controvertido, constituyendo la mayor parte de la deuda contraída con Eulen. Una obligación financiera de 4,6 millones que aún hoy están pendiente de abono y liquidación.

Una de las cosas que más llama la atención es que Can Padró no fue explotado directamente por la DYA (legítimo comprador y dueño), sino que se cedió a una de sus filiales (Emerplus) y esta, a su vez a Global Formación Plus. Y aquí es donde el flujo de bienes y dinero comienza a perderse en una maraña de sociedades en las que el expresidente tenía un peso fundamental. Así se asegura en la querella, que pide al juez que investigue si Izaguirre se lucró con esta supuesta trama. En la contabilidad consultada por este diario figuran importantes créditos (de hasta 4 millones) suscritos entre la asociación vizcaína y Emerplus. También hay que recordar que algunas de las sedes de la DYA en Bizkaia fueron hipotecadas en 2012 para poner a disposición de la citada compañía privada, al menos, 800.000 euros.

Todo estos movimientos se realizan en un contexto en el que la DYA es una entidad sin ánimo de lucro, con gran prestigio en el territorio y con el absoluto desconocimiento por parte de sus benefactores (al menos nunca trascendió a la opinión pública) de que disponía o participaba en una red de sociedades para lanzarse a negocios en el ámbito sanitario en diferentes puntos de España, sobre todo en Cataluña.

Volviendo a Can Padró, la firma del contrato con Eulen en 2009 obligó a la ONG fundada por el doctor Usparitza a financiar la operación a diez años. Tras una cantidad inicial cuya cuantía no ha trascendido pero que podría rondar el medio millón de euros, según ha podido saber este diario, la DYA abonaría 9 pagarés. Los dos primeros plazos (2010 y 2011) se pagan, sin novedad, con un importe de 623.924 y 698.795 euros. Sin embargo, a finales del año siguiente, la entidad vizcaína pide refinanciar la deuda. Los problemas económicos llamaban ya a la puerta. Y es que en junio de 2012, el centro de Can Padró, gestionado por la filial de la DYA, plantea un ERE temporal para 4 de sus 12 trabajadores. Alega razones económicas. Para ello presenta un documento en el que se observa un descenso en la facturación de las principales líneas de negocio. En el área de conducción se pasa de unos ingresos de 439.000 euros en 2010 a 180.000 en 2011 y sólo 48.000 en el primer cuatrimestre de 2012. Lo mismo sucede con los cursos para bomberos. La facturación se reduce de 698.000 a 460.000 y después a 73.000. Aseguran sus responsables ante el juez (que acabaría avalando el ERE) que el ejercicio de 2011 «se salvó» porque la firma de camiones Scania desarrolló en la finca un evento mundial y dejó 380.000 euros en caja. En este contexto, la DYA, que es quien responde cada año ante Eulen, pide modificar los calendarios de pagos. Así, el 1 de octubre de 2012, entrega 150.000 euros y se compromete a cubrir 14 pagarés hasta 2026. De esta forma afloja por un tiempo la presión que siente en su tesorería.

Pero al año siguiente, la ONG vizcaína se convence de que la situación es ya insostenible. Sobre todo porque en Bizkaia se cae una de sus ramas de actividad: la gestión de las ambulancias de emergencia, ya que el Gobierno vasco decide sacarlas a concurso público. Así que se sientan de nuevo con Eulen y le proponen deshacerse de todo. La firma madrileña accede. La DYA devuelve entonces la titularidad de la finca, que se valora en 3,8 millones, así como parte del inmovilizado (153.000 euros). También renuncia a la marca Can Padró (se tasa en 101.000 euros), con lo que reduce su deuda inicial en 4,05 millones. Pero queda pendiente de pago el fondo de comercio, que no se detalla que es en la contabilidad pero que forma parte de los intangibles de una empresa. Pueden ser desde contratos firmados con otras compañías hasta una patente. Lo que llama la atención de los nuevos gestores de la DYA es que este supuesto activo se valorara en 4,67 millones de euros, que pasa a ser entonces la deuda final con Eulen. Con la firma de este pacto, en octubre de 2013, se fija un pago inicial de 25.000 euros y otros 13 pagares, esta vez, con un interés del 4%. Posteriormente se han producido más movimientos para intentar aligerar esa carga que aún hoy amenaza con hundir a la DYA.

12millones de euros es el total de la operación de Can Padró, incluyendo intereses, deuda y otros activos.