Euskadi sopesa limitar la vigencia de las licencias de viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Bilbao ya alzó la voz a finales del pasado año solicitando que la inscripción de las viviendas en el registro oficial sea temporal, con la vista puesta en que, cuando caduquen, deban adaptarse a la normativa municipal existente en cada momento. El consejero del área, Javier Hurtado, deslizó en mayo, en respuesta a EH Bildu, que es algo en lo que se «va a trabajar». Y este jueves, los partidos que sustentan el Gobierno (PNV y PSE) han reiterado en el pleno del Parlamento vasco la necesidad de abordar el establecimiento del límite temporal.

Las formaciones han aprobado una moción que insta al Ejecutivo a analizar en el articulado de la futura Ley de Turismo, en proceso de redacción y que previsiblemente se presentará a finales de año de cara a su tramitación parlamentaria, «la viabilidad» de acotar el período de vigencia de las licencias de viviendas y habitaciones de uso turístico. En el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE) ascienden a 4.942. También plantean que se apliquen las «medidas necesarias para prevenir situaciones de saturación en los diversos recursos y destinos existentes en Euskadi».

La socialista Aroa Jilete, no obstante, ha hecho hincapié en que «el mayor problema de las viviendas turísticas son las clandestinas», algo en lo que «se lleva años trabajando». «En tres años se han realizado más de 2.500 inspecciones y más de 500 expedientes sancionadores», ha subrayado al tiempo que ha recordado que «la ley de suelo permitirá la suspensión automática del registro de nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico en las zonas tensionadas». Ha recordado, además, que los ayuntamientos también tienen potestad regulatoria.

La parlamentaria del PNV Elena Lete ha puesto el foco en que «la polémica» por los problemas de alquiler en las ciudades «está en los pisos turísticos». Sin embargo, ha puntualizado, «las viviendas turísticas en Euskadi representan el 0,5% del total de las viviendas, pero si hay problemas en la oferta de vivienda, aunque sean pocos, hay que hacer todo lo posible».

Por eso entiende que la enmienda conjunta con el PSE avanza en ese sentido, adoptando «medidas» para después ver «hasta dónde llega su eficacia». En su opinión, en cualquier caso, «el quid de la cuestión» es la futura ley de turismo, que previsiblemente estará lista este año, y con la que se pretende fomentar un turismo «sostenible» y que el sector, «en el que trabajan miles de personas, no se pierda».

Para EH Bildu, que había planteado la iniciativa original, en la que también reclamaba crear una normativa para la declaración de zonas turísticamente saturadas y que no ha salido adelante, se debe ir más allá. Itziar Murua ve insuficiente que los establecimientos puedan abrir «con una declaración responsable», tras la que posteriormente «no siempre» el Gobierno vasco solicita un informe al ayuntamiento en cuestión para conocer si ese proyecto cumple con la legalidad municipal. La coalición soberanista reclamaba que el informe municipal sea preceptivo para registrar una vivienda turística, cuya «proliferación», y sus «efectos negativos» se debe «controlar».

La popular Ainhoa Domaica ha tildado la medida de que las licencias tengan caducidad de «intervencionismo». Ha recordado que «las licencias tienen un uso» y que «cuando se dejan de cumplir las condiciones» es cuando deben decaer. Ha censurado, además, que «cada vez que hablamos de turismo en este Parlamento siempre se habla en negativo», cuando es «una fuente de riqueza» con «133.0771 personas afiliadas a la Seguridad Social» en el sector.

Jon Hernández, de Sumar, ha recordado por su parte que «uno de cada tres pisos que se ofertan en alquiler en Donostia es ya de temporada», un aumento de proporciones entre este tipo de viviendas y las residenciales que «se da también también en otras ciudades: se da también en Bilbao e incluso en Gasteiz».