Euskadi impulsará centros residenciales para menores con trastornos mentales
El proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia recoge «unidades específicas», coordinadas por las diputaciones y Osakidetza, para menores con «graves limitaciones funcionales»
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley vasca de Infancia y Adolescencia, una norma que pretende reforzar la ... protección y la atención a los menores. La regulación, que actualiza la que está en vigor desde 2005, busca adaptarse a la legislación aprobada desde entonces y también a la nueva realidad social. No pasa por alto el documento la preocupación, especialmente a raíz de la pandemia, por la salud mental de los niños y jóvenes. De ahí que una de las prioridades sea ofrecer un espacio a los menores que presentan, al mismo tiempo, trastornos de este tipo y otras «graves limitaciones funcionales».
La fórmula que recoge el documento es la creación de unidades de atención sociosanitarias residenciales específicas. Estos centros se integrarán en la red de servicios sociales de los territorios históricos y serán coordinados en colaboración con el Departamento de Salud. Estarán dotados de «equipos mixtos», con profesionales de intervención social dependientes de las diputaciones y personal especializado en psiquiatría infanto-juvenil de Osakidetza.
204 hospitalizaciones
de menores de 14 años se registraron en 2021 en Euskadi. En 2018 hubo 93.
La necesidad de este tipo de recursos ya la ha puesto encima de la mesa en ocasiones anteriores la Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental. Fedeafes, aprovechando la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, reclamó el pasado octubre la creación de unidades residenciales sociosanitarias «para casos más graves, así como recursos residenciales y programas de apoyo a la vida independiente para la juventud con problemas de salud mental».
Los colectivos de afectados, además de poner de relieve la «insuficiencia de recursos en los diferentes ámbitos de atención», también advierten desde hace tiempo del «aumento» de menores a los que atienden. Que los problemas de salud mental en la población infantil y joven van al alza es algo que también confirman los datos del Instituto Vasco de Estadística. En 2018, hubo 93 hospitalizaciones de menores de 14 años por trastornos mentales y del comportamiento. En 2021, último año disponible, 204. Entre 2002 y 2011, se quitaron la vida 22 menores de 19 años. En la década siguiente, 35.
«La ley promueve los derechos humanos y libertades fundamentales para los menores, protegiéndoles de cualquier forma de violencia y desprotección»
Nerea Melgosa
Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
La puesta en marcha de estos nuevos servicios, en cualquier caso, no será inmediata. Su desarrollo se recogerá en un reglamento que establecerá la tipología, la estructura y los requisitos tanto materiales como de personal que deben reunir. Esas tendrán que estar listas en un plazo máximo de dos años tras la aprobación de la ley, que debe seguir su tramitación parlamentaria. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha asegurado en ese sentido, durante la presentación de las líneas generales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la normativa será aprobada en la Cámara vasca antes de que termine la legislatura, ya que se trata de un proyecto «esperado tanto por el tercer sector como por los partidos políticos».
Lo que sí precisa el anteproyecto es que los centros residenciales deberán disponer de espacios diferenciados en función de la edad de las personas atendidas, así como del estado afectivo y psicológico. Estarán dirigidos a tres perfiles: niños con un trastorno mental y una discapacidad; menores con un trastorno mental y consumos problemáticos; y con trastornos psiquiátricos con un patrón «de gravedad elevado y mantenido» que impiden, «a medio plazo, su normalización» en su hogar y en la sociedad.
Evaluación de otras leyes en la infancia
La dotación presupuestaria de estas nuevas unidades, un gasto que, según recoge la memoria económica que acompaña al anteproyecto, corresponderá a los sistemas de salud y de servicios sociales, se cuantificará cuando se inicie el procedimiento para elaborar la normativa que regulará estos centros.
Para Melgosa, una de las novedades que porta esta ley es que «integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica». Aunque su prioridad no es solo la salud mental. Lo que buscan desde el Ejecutivo es «promover y asegurar los derechos humanos y libertadores fundamentales para los menores, protegiéndoles de cualquier forma de violencia y desprotección». Por ello, el documento recoge el impulso a «medidas de prevención, atención y protección» por parte de «todas las administraciones públicas». Además, cada nueva normativa que se apruebe en Euskadi deberá contar con una evaluación del impacto de dicha norma en la infancia y la adolescencia.
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