Euskadi y Canarias piden un plan que reconozca la presión migratoria en las dos comunidades

Euskadi y Canarias llevarán a la reunión con el Gobierno y los representantes autonómicos su 'Propuesta para el diseño y puesta en marcha de un Plan Integral y Estructural de Política Migratoria', un documento que sirva de base para diseñar medidas y dejar atrás «soluciones temporales, parches o respuestas improvisadas» y que reconozca la singularidad de ambas regiones.

La propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge, en primer lugar, la necesidad de realizar «un diagnóstico de situación y prospección de escenarios futuros» en el que se analicen los flujos, las características de las personas migrantes, sus necesidades… Y es ahí, en el marco de esa radiografía, donde ven imperativo que se reconozcan las 'fronteras norte' y 'sur', algo que viene defendiendo el Ejecutivo vasco desde hace tiempo.

El Gabinete de Pradales entiende que Euskadi, además de «país de acogida», es zona de paso hacia Francia. Reclaman que se tenga en cuenta esa peculiaridad, una declaración que llevaría aparejados recursos económicos adicionales para poder hacer frente a las necesidades que se dan en un punto de tanto movimiento migratorio como es el de la muga en Irún. De hecho, por los centros para personas en tránsito abiertos en 2018 por el Gobierno autonómico en Irún ya han pasado más de 38.500 personas.

En el caso del archipiélago, que sí está reconocido como 'frontera sur' de Europa, solo el pasado año arribaron a sus costas más de 40.000 personas, lo que derivó en una situación que Clavijo tilda de «insostenible» y que ha explotado con la situación de los menores extranjeros no acompañados.

En el documento, en el que emplazan a terminar con lo que consideran una «política migratoria desarticulada, descoordinada o reactiva» porque genera «inseguridad» tanto entre los migrantes como entre «la ciudadanía», no hacen referencia a la situación de los menas, sobre los que ha pivotado durante este último año cualquier debate migratorio. 5.600 continúan en Canarias, a la espera de que se realice un reparto entre regiones pero sin que se atisbe ningún acuerdo, y en Euskadi los centros están «saturados».

Pero la situación de los adolescentes sin referentes familiares, como han defendido desde ambas autonomías en más de una ocasión, se encuadra en un fenómeno estructural que hay que abordar. Es, dicen, «imprescindible superar» las respuestas institucionales «reactivas frente a las emergencias» con «medidas aisladas». Lo que urge es, según su propuesta, «un plan proactivo que aborde las causas profundas de la migración irregular, promueva la integración efectiva y asegure el respeto por los derechos humanos».

El plan que reclaman deberá contener, de acuerdo a su propuesta, «órganos de coordinación claros», algo que llevan tiempo exigiendo por la «falta de solidaridad» de algunas autonomías a la hora de afrontar el debate sobre los menores. Y tendrá que contar además con presupuesto asignado a cada área y recoger las fuentes y mecanismos de financiación y control financiero y un análisis coste-beneficio de las diferentes medidas.