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miguel ángel mata
Sábado, 4 de diciembre 2021
Euskadi afrontará durante la próxima década un reto medioambiental de primera magnitud. Qué hacer con más de 5 millones de toneladas de residuos industriales no ... peligrosos que, según las previsiones, generarán las empresas hasta 2030 por encima de la capacidad de absorción de los vertederos operativos. Tras el colapso de Zaldibar y los cierres de Mutiloa y Larrabetzu, la capacidad que queda en los depósitos vascos es de 4 millones de metros cúbicos, cuando las estimaciones dicen que se necesitarán 7,5 millones en los próximos nueve años. Son 3,5 millones de excedente que, en peso, equivalen a más de 5 millones de toneladas, asumiendo la regla que establece una media de 1,5 toneladas por metro cúbico.
El problema recuerda, con sus diferencias, al que ya se vivió en Gipuzkoa con las basuras de los hogares. Se cerraron vertederos sin alternativas para el tratamiento de los residuos tras la decisión de la Diputación, gobernada entonces por EH Bildu, de paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta. Desde 2016 hasta febrero de 2020 hubo que llevar 630.390 toneladas de residuos a Cantabria, Navarra, Iparralde, Bizkaia y al vertedero privado de Mutiloa, lo que supuso un coste de 47,6 millones de euros.
Ahora le llega el turno a los residuos industriales no peligrosos. Antes de la pandemia, Euskadi generaba 3,3 millones de toneladas al año. Más de la mitad (52%) se reutiliza. En la comunidad hay un centenar de empresas valorizadoras con autorización ambiental para la gestión controlada de los no peligrosos, y 163 para los peligrosos. Entre las consecuencias positivas que ha tenido la crisis sanitaria, una evidente es que con la caída de la actividad industrial el volumen de residuos cayó el año pasado de forma notable. Pero el escenario se ha recuperado en 2021.
Según datos del Gobierno vasco, hasta el 30 de septiembre la industria de Euskadi había depositado en vertederos 1,2 millones de toneladas, con lo que a final de año se habrán superado los 1,6 millones. De esa cantidad, el 94% (1,15 millones) reposa en celdas de la comunidad autónoma, y el resto (65.000 toneladas), en vertederos de otras comunidades.
recuperación
Fuentes del sector aclaran que esta pequeña exportación no se debe a que no haya capacidad de absorción en los vertederos vascos, sino a cuestiones prácticas para las empresas generadoras, como la proximidad geográfica, la mejor adecuación de la instalación a su desecho, o el precio. De hecho, fuentes del Ejecutivo explican que «a día de hoy, en Euskadi aún tenemos capacidad para absorber los residuos que se generan», aunque admiten que «empezamos a andar ya justos».
En los últimos años se han clausurado 17 vertederos, y siguen activos 10. De ellos, 8 en Bizkaia (Abadiño, Abanto, Amorebieta, Bermeo, Igorre, Lemoa, Mallabia y Zalla). La preocupación llega cuando se mira al futuro inmediato. Dos de los repositorios guipuzcoanos están cerca de colmatarse y se les calcula un año de operatividad. Y al de Zalla (Cespa), tres.
El Gobierno vasco ha diseñado un plan que busca reducir para 2030 hasta en un 85% el material depositado en vertederos. Con ello se solventaría el problema de capacidad que se irá generando a medida que se vayan cerrando instalaciones. En paralelo, se cumpliría con una de las premisas de la lucha contra el cambio climático: impulsar la economía circular mediante la recuperación y aprovechamiento de materiales ya usados. Esa reducción de vertidos será consecuencia de una nueva política de tratamiento de residuos, basada en recuperar todo lo posible e incinerar el resto, obteniendo energía.
La apuesta del Departamento de Medio Ambiente es diseminar por Euskadi una decena de plantas de recuperación y valorización de materiales. Estarán especializadas en recuperar materiales concretos de desechos específicos. Por ahora, se han dado a conocer dos proyectos. Uno en Bergara para obtener cal procedente de los residuos de empresas recicladoras de papel, y otro en Zumarraga, para reciclaje de plásticos.
Uno de los principales escollos a los que se enfrenta el plan del Gabinete de Iñigo Urkullu: el rechazo vecinal y, en ocasiones, de los alcaldes, en los municipios donde se plantea ubicar estas instalaciones en un contexto de recelo generalizado ante todo lo vinculado con el tratamiento de residuos.
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